El artículo 118 de la Ley 87-01, de seguridad social, define la razón de ser del Seguro Familiar de Salud (SFS), que tiene entre sus fines proteger de manera integral la salud física y mental del afiliado y su familia, y alcanzar una cobertura universal sin exclusiones. Sin embargo, a pesar de ese mandato, aquí la atención en salud anda por un lado y los protocolos y tarifas por cobertura andan por otro, resultando los asegurados los principales perjudicados.

Para el Seguro Nacional de Salud (Senasa) este descontrol representa un trastorno financiero muy serio. La directora del seguro oficial, doctora Altagracia Guzmán Marcelino, asegura que éste no está en quiebra, pero para funcionar adecuadamente necesita que el Sistema Dominicano de Seguridad Social tome control de los hospitales de autogestión, los patronatos, las ONG, las clínicas privadas y los centros públicos. A su juicio, esta falta de control obliga a administrar riesgos financieros, en vez de riesgos de salud.

Senasa es el seguro de mayor cobertura, pues además de los servidores públicos en el régimen contributivo, tiene que afrontar los costos de cobertura del régimen subsidiado. Los actores de la seguridad social están obligados a actuar para evitar su colapso financiero, y para lograrlo hay que hacer valer todos los protocolos habidos y por haber sobre cápita, cobertura y tarifas.

 LOS DOCENTES PENSIONADOS

El aumento que lleva a RD$15,000 la pensión mínima a devengar por 9,000 docentes del sistema educativo oficial será un alivio para esos servidores retirados del magisterio y debería perfilarse como una esperanza para otros pensionados, que no pueden vivir con la cantidad que se les paga actualmente. En este aspecto, el Gobierno ha hecho un verdadero acto de justicia social, en favor de hombres y mujeres que dieron al país su capacidad durante muchos años.

Las pensiones pagadas a servidores del Estado, como los antiguos obreros del Consejo Estatal del Azúcar, para citar un ejemplo, son una afrenta más que una retribución, pues no alcanzan ni siquiera para la alimentación más elemental. Aspiramos que el aumento hecho a los nueve mil maestros pensionados sea el punto de partida para una revisión justiciera de miles de pensiones pagadas en el sector público.