Aunque en el ámbito oficial se reconoce la expansión del microtráfico y su tendencia a ganar otros espacios poblacionales, las medidas adoptadas para combatirlo han sido, hasta ahora, tenues y dispersas. Ha faltado  una política estatal coherente, sistemática, consistente. Hasta ahora sólo ha habido acciones dispersas, aisladas, de poco alcance y  sin la debida continuidad. Otra vez el Estado dominicano luce débil e ineficaz.

El microtráfico, negocio floreciente que sacia el hambre e inflama la violencia, trasciende los linderos del barrio. Cual tumor maligno, no tratado a tiempo, hace metástasis en todo el cuerpo social dominicano, y es que, si bien gana consumidores en los predios de la ignorancia y la pobreza, su estrategia de comercialización tiene otros escenarios, un blanco de público de mayor poder adquisitivo donde diligentemente expande su clientela.

Los pequeños mercaderes de la droga conquistan nuevos adictos en colegios y universidades, discotecas y plazas comerciales frecuentadas por jóvenes de estratos medios y altos, sumergen en el vicio a  adolescentes en desamparo, no material, pero sí afectivo.  

Su mercado se expande entre esas poblaciones vulnerables, de alto riesgo por la desintegración familiar que, aunque por razones disímiles –ambiciones de lucro, divorcios, pluriempleo-, también hace estragos en esos segmentos sociales. Gana terreno en toda la geografía nacional, no sólo por la agresividad de los operarios del microtráfico, sino por la pasividad de los llamados a enfrentar una de las problemáticas más graves que confronta el país por sus secuelas delictivas, sicológicas y emocionales. Por la imprevisión, la indiferencia de la sociedad, la negligencia del núcleo familiar que sólo reacciona cuando el mal toca sus puertas. Mientras, el problema se agiganta, al no ser enfrentado en sus raíces más profundas. 

Un gravísimo problema social y de salud pública, no meramente policial, que no ha sido combatido con una política estatal coherente, sistemática, consistente. Sólo acciones dispersas, aisladas, de poco alcance y  sin la debida continuidad. Improvisación, inmediatismo, entre proyectos y programas engavetados que comenzaron a diseñarse en 1997 con los auspicios de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, esfuerzos y recursos condensados en políticas que nunca se aplicaron, como el Plan Nacional Antidrogas 2000-2005.

El Plan, elaborado con la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Control y Abuso de Drogas (CICAD)-OEA, fue puesto en circulación por el presidente  Leonel Fernández poco antes de traspasar el mando al gobierno perredeísta (2000-2004), que lo desestimó, y que tampoco  aplicó la actual gestión peledeísta (2004-2008). Un natimuerto, que hoy se intenta revivir con otro proyecto que recién realizó el Consejo Nacional de Drogas (CND), anunciado ayer en el Palacio Nacional.

Hasta el momento, el país ha estado adscrito a un sistema desfasado, infuncional, el esquema norteamericano de lucha antidrogas basado fundamentalmente en la represión. No obstante, en  el discurso de algunas autoridades comienza a calar otra visión, un enfoque integral, multidisciplinario que privilegia la prevención, pero sin trascender aún  la retórica.

Reducir la demanda. Esta concepción preventiva, promovida desde mediados de los 90 por la Unión Europea, no se circunscribe a la represión, combinada con una política de reducción de la demanda, lo que implica desarrollar una estrategia de prevención  capaz de arrebatarle a la drogadicción consumidores potenciales.

Esto requiere invertir en rehabilitación, educación, formación profesional e investigación, emprender efectivos programas de manera continua, sistemática, con un enfoque integral, multisectorial, interdisciplinario, vinculando todos los organismos de prevención y represión, evitar dispersión de esfuerzos y de recursos humanos y económicos. Trabajar con las universidades para generar información, crear conciencia y propiciar una dinámica social en torno a este problema multifactorial, que involucre a toda la sociedad.

Entidades como Casa Abierta y Hogar Crea, que trabajan en prevención y rehabilitación, han planteado su preocupación por la ausencia de políticas y de planes coherentes, capaces de integrar iniciativas gubernamentales con las delineadas en la sociedad civil. Construir  respuestas que de manera eficaz contribuyan a superar o disminuir significativamente el impacto de este flagelo en la sociedad dominicana.

La lucha contra el microtráfico  debe ser parte de un entramado mucho más amplio en el que confluyan los esquemas de cooperación, modelos de desarrollo. No puede estar al margen de las políticas económicas y sociales, de manera particular las orientadas a ampliar las oportunidades de empleo y educación, a combatir la pobreza y la exclusión, caldo de cultivo del microtráfico.

Organismo rector.  Por diferentes razones, el organismo rector de la lucha contra el narcotráfico, el CND, no ha llenado su cometido en sus veinte años de existencia desde 1988. Su presidenta Mabel Féliz y un excelente equipo profesional se esfuerzan por multiplicar los insuficientes recursos para la ingente labor contenida en sus programas en el ámbito escolar, comunitario, deportivo y laboral.

Magna tarea no sólo restringida por las precariedades presupuestarias, sino también por la falta de apoyo de  instituciones estatales que deben asistir al CND, conforme a la ley de drogas 50-88 que crea esa entidad. 

Organismo ejecutor.  De la falta de previsiones en la lucha antidrogas se queja el mayor general Rafael Radhamés Ramírez Ferreira, titular de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quien expresa que en su gestión decomisaron 9,436 kilos de cocaína, el 46% del total confiscado del 2000 al  2006, ascendente a 20,671.6 kilos.  La proporción es alta por igual en crack, heroína, marihuana, hachis y éxtasis. Pero el funcionario observa que es difícil en los barrios la penetración e infiltración entre los distribuidores de drogas del microtráfico. 

–Junto al narcotráfico –dice- hay otro monstruo que se comenzó a engendrar y nadie habla de él, es la corrupción, lo digo para que el pueblo despierte y sepa lo que hay. La detención, el control del problema de las drogas es responsabilidad de todos, no de la DNCD, no de un gobierno, todos tenemos que involucrarnos. Este problema ha ido creciendo por la irresponsabilidad desde el más chiquito hasta el más grande, desde los religiosos hasta los ateos, de todo el mundo”.  

–No se puede separar el micro del macrotráfico, forma parte integral del problema. En la medida en que nosotros podamos coordinar operativos con la DEA, por ejemplo, o la guardia costanera que nos permita controlar el bombardeo de drogas en el país, en esa misma medida baja el movimiento del microtráfico en todo el territorio.

  No se puede desligar elmicrotráfico de la fuente que lo nutre, el poderoso narcotráfico, pero combatirlo  requerirá enfrentar las deprimentes condiciones socioeconómicas de las barriadas,  el desempleo, la baja escolaridad, la deshumanizante pobreza.

El problema se ha magnificado con la ausencia de una política estatal,  la crisis familiar, la corrupción y el consumismo. Sus secuelas de violencia explosiva y delincuencia  arropan a toda la sociedad. Y su solución, compleja pero no imposible, tiene que ser asumida por el Estado, la familia y todos los sectores de la sociedad.

Zoom

Rehabilitación

La tendencia actual en otros países en materia legal, en cuanto a sus legislaciones, es no ver al consumidor como un infractor, sino como un adicto que necesita rehabilitación. Pero el Estado dominicano carece de instituciones y mecanismos para la recuperación de adictos, por lo que tienen que depender de las organizaciones no gubernamentales de rehabilitación, como Hogar Crea Dominicano, con sumas      precariedades   presupuestarias. Como Ministerio Público preocupa al fiscal del Distrito  que el Estado no disponga de los recursos humanos y materiales para  dar  respuesta a la realidad del consumidor, que es penalizado, y en el cual se invierten muchos recursos en la persecución.

Las claves

1. Cooperación

Salud Pública es la institución de mayor responsabilidad en actividades conjuntas con el CND y la DNCD, según la Ley 50-88, pero es poco lo que se hace.

2. Mandato legal

Esa legislación dispone que una comisión disciplinaria determine la condición de adictos, fármaco dependientes o simple poseedores de los consumidores de drogas apresados, para determinar si se  envían a centros especializados para procesos de desintoxicación o se les somete a la justicia.

Los protagonistas

Mabel Feliz

Presidenta Consejo de Drogas

He querido primero organizar el Consejo internamente, trazar políticas, trazar los planes que debemos desarrollar  antes de solicitar los recursos al Presidente”.

José M. Hernández

Fiscal del Distrito Nacional

El microtráfico no puede ser desvinculado  de la realidad del narcotráfico, y para abordarlo hay que identificar sus causas y efectos”.

Manuel Herrera

Siquiatra

El crecimiento del microtráfico hizo que Interior y Policía creara la Mesa del Narcotráfico para trabajar únicamente en la parte de los pequeños traficantes de drogas”.

Ramírez Ferreira

Director de la DNCD

A los barrios acuden   abastecedores de puntos de drogas y resulta muy  difícil llegar a ellos porque nunca le ponen la mano a la droga”.

Leopoldo Díaz

Presidente Hogar Crea Dominicano

Ahora hay más droga que nunca, más adictos que nunca, el problema se ha agravado porque la prevención no existe, prevención no es amedrentar”.

Perfecto Acosta

Fiscal   provincia Santo Domingo

Se debe buscar la causa por la que estos muchachos delinquen y caen en drogas, darle seguimiento, someterlos a un tratamiento de regeneración”.