Hay que insistir y persistir en el reclamo de que el Gobierno -este Gobierno- encare con la más absoluta seriedad la crisis energética que está diluyendo en la nada la economía del país. Hay que reafirmar el concepto de que la continuidad del Estado es incompatible con las actitudes de abandono del deber exhibidas por quienes optaron por posiciones desde las cuales se administra el bien público, común, y a quienes el pueblo eligió para desempeñar tales deberes.

La quiebra financiera del sector energético tiene vertientes en las cuales está comprometida la responsabilidad de la administración del Estado, pues, entre otras cosas, pasó siempre por alto la debilidad de las estructuras administrativas, particularmente de cobros, que caracteriza a los distribuidores de energía.

El argumento de que las fallas del sistema energético son responsabilidad del Gobierno que diseñó el modelo de capitalización entraña, penosamente, un intento por ignorar a conveniencia la continuidad del Estado, continuidad que fue tenida en cuenta -muy a conveniencia- para dar seguimiento a obras del anterior Gobierno a muchas de las cuales se han hecho costosísimas adendas, como ha ocurrido con la ampliación de la Autopista Las Américas.

Que se sepa, a pesar de que los actuales administradores del Estado prometieron desde que iniciaron su ejercicio una profunda revisión del proceso de capitalización, con intención expresa de corregir todo lo que entendían que debía ser corregido, no hay en el inventario de ejecutorias oficiales ninguna corrección significativa.

-II-

Llama poderosamente la atención el hecho de que, siendo el suministro de electricidad un servicio estratégico para el funcionamiento de la economía, el Gobierno no ha acudido en su rescate con la misma presteza que lo hizo cuando el colapso afectó a entidades importantes del sistema financiero, que es también uno de los soportes indiscutibles de la economía.

Uno de los argumentos del Gobierno para defender la forma en que socorrió a los bancos en dificultades ha sido que el no haber actuado de esa manera hubiese hecho colapsar todo el sistema financiero al generalizar la desconfianza entre los depositantes.

Sin embargo, en la crisis energética el Gobierno pasa por alto el hecho de que su indiferencia, su deserción del deber de buscar soluciones por lo menos hasta el 16 de agosto próximo, está haciendo colapsar la economía general, afectándolo todo, inclusive el dinamismo del sistema financiero, pues en las circunstancias actuales todos los sectores han resultado severamente empobrecidos.

Es una falta grave el abandono de la responsabilidad asumida mediante juramento para ocuparse de los asuntos del Estado, entre los cuales, por supuesto, está crear las condiciones para un adecuado suministro de energía eléctrica y para el mejor funcionamiento de los demás servicios públicos.

Los presidentes, que sepamos, no tienen crisis preferidas; no les está dado pasar por un tamiz las dificultades que van a resolver y las que van a dejar a su sucesor. Enfrentar las causas que provocan los apagones y socavan la economía, incluidos los ingresos fiscales, es todavía un deber sobre los hombros de las actuales autoridades. ¿O acaso no?