La familia del abogado Luis Ferreras Rossó, hallado muerto en el río Ozama hace un mes y 48 días, solicitó la intervención inmediata de la Procuraduría General de la República en la investigación del caso que denunció está paralizado por trámites burocráticos.
Manifestó en una nota que el Ministerio Público no ha podido proceder con la investigación a la espera de los resultados de los exámenes forenses que trabaja el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), y la Policía alega que no puede proceder sin obtener los exámenes forenses.
Tampoco ha sido posible obtener los registros telefónicos del fenecido, pese a que han sido pedidos a la compañía responsable en dos ocasiones, de acuerdo con la Fiscalía de la provincia Santo Domingo.
La telefónica argumentó que la primera solicitud estaba mal instrumentada, por lo que la Fiscalía procedió a enviar un segundo requerimiento que tampoco ha sido respondido.
La familia, qué desde el principio ha descartado un suicidio, teme que las manos criminales responsables aprovechen la tardanza de los resultados de la investigación para borrar las pruebas necesarias.
“No es posible que las autoridades no tengan respuesta. Somos una familia que está destrozada por la forma en la que perdimos a nuestro ser querido, y peor aún, no sabemos nada sobre lo que pasó”, apunta.
Los parientes argumentan que no pudo haberse suicidado porque Ferreras Rossó era persona estable, amante de su familia, un intelectual, y un trabajador que mantuvo un puesto en una área administrativa por más de 23 años en una empresa de renombre.
Indican que era ecuánime y equilibrado, de una gran labor social en su comunidad Villarpando, Azua, y un importante dirigente del Partido V República.