POR ANSELMO SILVERIO Y ELÍAS RUIZ MATUK
NAVARRETE, Santiago.- Los siete jóvenes ejecutados a tiros ayer en este poblado vivían en condiciones económicas y humanas muy precarias, mientras sus parientes niegan que la tragedia esté vinculada al narcotráfico y reclaman una investigación profunda. A propósito de la ejecución, la jefatura de la Policía designó una comisión investigadora, a la que se ha sumado la Dirección Nacional de Control de Drogas.

Juan Ignacio Hernández Rosario, Dionisio Tavárez Jáquez, Melvin Delgado Bisonó,  Andrés Núñez Pérez, Juan Pablo Reyes Mézquita, Pascual Rafael Mejía Paulino  y Miguel Beato  eran todos obreros y vivían en este mismo municipio. Fueron acribillados a tiros por desconocidos en lo que la Policía ha definido como un ajuste de cuentas.

El informe policial indica que el asesinato múltiple habría sido motivado por el control de un puesto de expendio de drogas, partiendo de la forma en que se ejecutó la acción, en una casa en construcción ubicada en la calle Francisco Bisonó esquina José Osvaldo Muñoz del barrio Hermanas Mirabal, de este municipio.

Sin embargo, Manuel Núñez, Beatriz Valerio, Juana Santana y Diógenes Arturo Cabrera afirmaron que sus parientes no estaban implicados en asuntos de drogas y mostraron las condiciones económicas en que vivían junto a sus familiares.

«Nosotros tuvimos que pedir para comprar las cajas. Eran muchachos trabajadores que vivían de su trabajo en la zona franca, del motoconcho y vendiendo frutas en la carretera», dijo la señora Santana al ser entrevistada por este diario.

Estiman que las autoridades deben profundizar las investigaciones y establecer las verdaderas circunstancias que rodean el hecho.

El coronel Damián Arias Matos, relacionador público del Comando Central de la Policía, informó que hay varios detenidos que eran interrogados ayer.

Durante un recorrido se pudo constatar que la mayoría de los jóvenes, con edades entre 20 y 30 años, vivían en casas de madera y techadas de zinc, en un avanzado deterioro. Las viviendas en su mayoría no tenían muebles en buenas condiciones, ni mucho menos lujo.

 El informe policial indica que en el lugar de la tragedia, donde quedó montada una vigilancia desde ayer, fueron encontrados 42 casquillos de pistolas 9 milímetros, 26 proyectiles mutilados, dos passolas y dos motocicletas marca Yamaha, una yerba no determinada, una balanza en su estuche, seis melones, dos botellas de cerveza sin alcohol, una funda con polvo blanco, una mesa rústica,  varios velones y un cuadro con la efigie de un ángel protegiendo a una criatura.

En principio, cuando las autoridades llegaron al lugar de la ejecución, se creyó que se trató de una misa satánica, pero al profundizar las investigaciones y por las condiciones en que fueron hallados los cadáveres se descartó esa posibilidad.

Los asesinos habrían vendado a sus víctimas, a las que ataron de las manos y arrodillaron de espalda a una pared, donde las ejecutaron a tiros.

En el vecindario la gente escuchó los disparos, se alarmó pero no fue algo extraño porque en horas de la noche este poblado se convierte en un infierno y las detonaciones de tiros son normales, aunque no dejan de causar pánico en la población.

En este poblado han surgido varias versiones, unas de personas que creen que se trató de un ajuste de cuentas y otras que estiman que se trata de un plan de las autoridades armadas para desarticular los grupos populares que mantienen una lucha férrea con el montaje de huelgas continuas en el municipio.

COMISION INVESTIGADORA

El jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, designó una comisión para investigar el asesinato de los siete jóvenes de Navarrete.

Entretanto, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante Iván Peña Castillo, ordenó a la división norte de ese organismo, sumarse a la comisión de investigación de la Policía, declaró el coronel Jacobo Mateo Moquete, vocero de esa institución.

La comisión está integrada por el director de Investigaciones Criminales, general Bernardo Santiago y Santiago y el director regional central de la Policía, general Tomás Holguín de la Paz.