Los familiares y abogados de la reclusa María Magdalena Marizán (Elena) pidieron ayer al procurador general de la República ordenar su  puesta en libertad, en cumplimiento con un Habeas Corpus que así lo dispuso.

Fundamentaron la solicitud al magistrado Radhamés Jiménez Peña en que el procurador de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, Amado José Rosa, se niega a ejecutar la decisión emanada de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esa provincia.

“La Corte declaró ilegal su prisión por haberse extinguido la medida de coerción del Juzgado de la Instrucción que la llevó a prisión por tres meses”, expresó el abogado Cándido Simón Polanco.

Dijo que Marizán, ligada al homicidio de la estudiante universitaria Johanna Loara Tavares, tiene cinco meses en prisión “de manera ilegal e irrazonable porque el Ministerio Público no tiene pruebas contra ella”.

Expresó que el ‘desacato’ en que dice incurre el magistrado Rosa es movido por la presión de grupos violentos de la provincia.

Aseguró que sectores desconocidos tratan de hacerle daño a su defendida y que desconocen los motivos que tendrían.

Familiares.  El esposo de Marizán, Gregorio Vélez, explicó que Tavares era compañera de estudios de su hija Marlene y ni a él ni a su esposa le gustaba el grupo a que pertenecían porque se distraían en actividades ajenas a sus clases.

Declaró que hizo la advertencia a su esposa sobre el grupo de jóvenes un año y algunos meses antes de que la jovencita fuera asesinada “y por eso ahora la quieren involucrar con los hechos”.

Sin embargo, el fiscal Rosa ha dicho en varias ocasiones que Marizán fue señalada por un adolescente que  está acusado de ser el autor material del asesinato que supuestamente pagó la detenida.

Sobre la orden de libertad el magistrado Rosa expresó el pasado viernes que no la ejecutará porque a la vez hay una decisión del juzgado de la Instrucción que extendió el plazo al Ministerio Público para presentar acusación y  ese plazo concluye en junio.