PHOENIX.  AP. Cuánto?”, pregunta un joven en español, mientras señala cuatro envases de cera para autos en una reciente venta de garaje en un vecindario del este de Phoenix.  Minerva Ruiz y Claudia Suriano no saben el precio, así que le dirigen un grito a su amiga Silvia Arias, quien es la que ofrece esos productos en venta.  Pero Arias no escucha, y Suriano improvisa.  “Cinco dólares”, dice también en español, y logra otra venta.

 Mientras las mujeres esperan a su próximo cliente, bajo el calor matutino creciente en Arizona, hablan sobre alimentos y ropas, acerca de sus niños y sus maridos. Son buenas amigas y todas colaboran con la escuela primaria del vecindario, para ayudar en la educación de sus hijos.  Las tres son inmigrantes mexicanas.  Pero ahora, realizan la venta de garaje a fin de recaudar dinero para marcharse de Arizona y escapar de la severa ley estatal que las considera delincuentes, por ser indocumentadas.  Ruiz y Suriano, así como sus familias, planean mudarse este mes. Arias y su familia contemplan la posibilidad de irse, pero esperarán a ver si la nueva ley entra en efecto el 29 de julio como está previsto. En ese caso, no tendrán otra alternativa que marcharse.  La ley requiere que la policía, cuando investigue  delito o infracción, pregunte a las personas sobre su estado migratorio.

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Bajo la lupa

No hay datos oficiales sobre cuántos se marcharán debido a la ley. Pero las experiencias referidas por escuelas, comercios, iglesias e instalaciones de salud sugieren que partirá un número considerable de personas.  Ruiz, Suriano y Arias son un ejemplo que ilustra lo que enfrentan muchas familias, confrontadas con un cruel dilema. Para irse, deben sacar a sus hijos de la escuela, buscar nuevos empleos y viviendas en otro lugar, en fin, cambiar de vida. Pero si se quedan, saben que sus familias serán vigiladas bajo las leyes.