Tres familias que quedan en el entorno de la vieja Barquita denunciaron que las autoridades se niegan a reubicarlos pese a que han entregado toda la documentación requerida y hasta le mostraron sus nuevos apartamentos.
Los afectados son los hermanos Luis, Gerardo y Sonia Carrasco, quienes alegan viven allí desde el año 1986, siendo los primeros moradores que llegaron al sector junto a su madre.
Mostraron una serie de documentos expedidos por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de la Barquita (Urbe) que los acreditan como parte de las familias beneficiadas con los nuevos apartamentos que construyó el Gobierno para reubicarlos, debido al alto grado de vulnerabilidad y hacinamiento en que vivían.
Luis explicó que sin embargo luego que fueron trasladadas las más de 1,500 familias, ellos recibieron un acto de aguacil el pasado 21 de diciembre en el cual se les conmina abandonar el área en 15 días debido a que será convertida en una área verde. La notificación tiene como soporte el decreto presidencial sobre el plan de rescate del sector.
Los hermanos mostraron las invitaciones para conocer el proyecto; certificación de cursos de capacitación para la convivencia en el nuevo proyecto y hasta una foto de su pequeña casa junto a su familia como del recuerdo del entorno que dejarían. Todo certificado por Urbe.
También presentaron actos notarial sobre posesión de inmuebles y de tiempo de residencia, tal como les exigió Urbe.
Sin embargo, ahora viven en incertidumbre pues son las únicas tres familias que quedan en el área conocida como “Los Reguindaos” y han sido víctimas de robos. Se quejaron de otros residentes en zonas menos vulnerables fueron trasladados y ellos viven ahora con el temor de ser desalojados.
Incluso ellos inscribieron a sus hijos en la escuela de la nueva Barquita debido a que suponían que allí iban a estar viviendo.
Luis y sus hermanos atribuyen a una supuesta retaliación personal de parte de Patricia Cuevas, gerente del proyecto, contra ellos por diferencias al inicio del proceso de reubicación.
Sin embargo alegaron que ellos se incorporaron y cumplieron todos los requisitos que exigían las autoridades.