POR ERICA GUZMAN
SAMANA.-Alrededor de setecientas familias pobres del barrio Willmore se sienten preocupadas ante los supuestos planes de desalojo que pretenden materializar los sucesores de los terrenos donde residen desde 1971.

El vocero del Comité de Seguimiento para la Defensa de la Barriada, Rafael Peña, pidió al presidente Leonel Fernández su intervención en el caso, “ya que no son invasores como se les ha querido considerar, porque hace más de 30 años viven en el lugar”.

Como ejemplo citó a Rebeca Figaró, quien a sus 72 años de edad es una de las fundadoras del sector, quien lleva 34 años viviendo al igual que Andrea Bautista y María Cristina Pimentel de 76 y 66 años, respectivamente.

Dijo que en 1997 durante una visita del primer mandatario a esta localidad, éste había prometido la construcción de noventa apartamentos en aras de mejorar las condiciones de vida de los lugareños, “meses después vinieron unas personas a medir y al final nada se hizo”.

Expresó que los terrenos donde han levantado sus viviendas con mucho esfuerzo, fueron arrendados por los antiguos propietarios ya fallecidos, a raíz de la remodelación en 1972 del casco urbano de esta ciudad.

Explicó que producto de esta reestructuración urbana muchas personas quedaron sin viviendas dando paso a la construcción de barracones colectivos en el lugar.

“A la gente se le permitió en aquel momento hacer también su casita, pero con el consentimiento de los dueños, que incluso vivían en el mismo barrio”, recordó el representante de los afectados.

Mediante el decreto número 7-74 del 26 de agosto de 1974 la zona urbana del municipio de Samaná fue declarada de utilidad pública por el entonces presidente Joaquín Balaguer, siendo a partir de esta derogación que se le denominara “tierra de nadie”.

Dijo que reconocen el derecho sucesoral de los reclamantes, pero “con camisa de fuerza la situación puede agravarse y desencadenar un problema social sin precedente que no sería conveniente”.