Funcionarios del gobierno y dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en Bayaguana, Monte Plata, amenazan con apropiarse y sacar por la fuerza de sus casas a más de 50 familias de un proyecto de 100 viviendas para damnificados construido con cofinacimiento de organizaciones de Europa, por lo que el párroco y religiosas de esa comunidad advierten sobre la posibilidad de una tragedia.

Ante las amenazas de apropiación, ochenticinco familias damnificadas del huracán Georges y desalojadas del área rural del parque Los Haitises se vieron obligadas a mudarse el viernes pasado a las casas tras ser seleccionadas como beneficiarias por la iglesia y organizaciones comunitarias.

De la denuncia se hizo eco la Arquidiócesis de Santo Domingo, y su arzobispo, el cardenal Nicolás López Rodríguez, dispuso que se interrumpiera ayer la programación del canal católico Televida, Canal 41, para dar a conocer el caso en rueda de prensa.

El párroco de la iglesia San Juan Bautista, en Bayaguana, Gregorio Berroa Bello, informó que él y las religiosas sor Flor María Lantigua y Sor Dennis Castillo reciben amenazas y son acusados de ladrones por perredeístas, «porque están dando al pueblo lo que es del partido».

El sacerdote denunció que un dirigente del PRD en Bayaguana, sólo identificado como Adón de la Cruz, manifestó que «al padre hay que darle su merecido, una pela».

Afirmó que para sorpresa suya, el gobernador de Monte Plata, Agustín Aquino, figura entre las personas que exigen la entrega de viviendas para los perredeístas. Mientras tanto, el presidente del PRD en la zona, Miguel González, a última hora ha declarado que no hablará más del tema.

Dijo que el proyecto fue construido por la Fundación Nacional para el Desarrollo Rural (FUNDEJUR), el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), con un 20% de participación, y el cofinanciamiento del Ayuntamiento de Madrid, Cooperación al Desarrollo, y Fundación Humanismo y Democracia.

Tras dos años de hacer un levantamiento de los necesitados, dijo el padre Berroa Bello, FUNDEJUR les informó que del proyecto de las 100 viviendas sólo serían beneficiadas 85 familias, pues las 15 casas restantes serían distribuidas entre dirigentes y militantes del PRD.

«Pero el INVI junto con los dirigentes políticos del partido de gobierno crearon una zozobra. Los miembros del partido alegan que su gobierno edificó, por lo que esas casas les correspondían y continuamente amenazaban con ocupar y con más fuerzas cuando se aproximaban las elecciones», expresó el sacerdote.

Dijo que pese a que a principios de mayo pasado, el director del INVI, ingeniero Juan Vargas, garantizó que las viviendas serían entregadas como estaba dispuesto originalmente, el miércoles pasado salió la orden desde esa institución de diezmar un 50% la entrega de viviendas, en lugar del 85 como estaba establecido.

Entiende que la presión ejercida fue lo que motivó una variación en la posición del director del INVI, sobre todo después de la derrota en las elecciones del presidente Hipólito Mejía.

El padre Berroa Bello dijo que iniciaron las diligencias para enterar de la situación a las organizaciones europeas que cofinanciaron el proyecto.

Los religiosos temen que el lunes los perredeístas vayan con la fuerza pública, con armas, a desalojar las familias beneficiarias de las casas, y se produzca una tragedia.

La rueda de prensa fue ofrecida en los estudios de Televida, con la presentación del administrador de la planta televisora, José del Carmen Ariza. Además de las monjas y el sacerdote participaron dirigentes comunitarios y una representación de las familias dueñas de las casas.

Cristian de la Rosa, quien habló en nombre de las familias, advirtió que no abandonarán las casas y velarán por la integridad física de los religiosos.

El padre Berroa Bello resaltó la labor del jefe policial de Monte Plata, sólo identificado como el coronel Brea, quien ha evitado hechos de violencia.

Expresó su temor de que desde la jefatura de la Policía se le ordene al coronel Brea el desalojo de las familias dueñas de sus casas.

El sacerdote explicó que el proyecto habitacional es un barrio de 100 casas confortables, de concreto, cada una de tres habitaciones, con baños y área de lavado.

Esas viviendas estaban listas para ser ocupadas desde principio de año.

Dijo que los beneficiarios de las viviendas están muy convencidos de sus derechos y con firmeza los defienden.

«Solicitamos pues de las autoridades competentes, reconsiderar el caso y dispongan de sus oficios en beneficio de los más necesitados», señalaron.