Miles de dominicanos de ascendencia haitiana se encuentran hoy en una especie de “limbo”. Justamente donde les ha colocado la Junta Central Electoral (JCE), la misma institución  que les inscribió como ciudadanos cuando llegaron al mundo en este país. “Fantasmas civiles” que yacen entre el polvo de la discriminación y las cenizas del olvido.

¿Cómo comenzó esto? El día 10 de diciembre del 2007, el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) estableció mediante la Resolución 12, el procedimiento para la suspensión temporal de la expedición de actas del estado civil viciadas o instrumentadas de manera irregular.

Esta medida, según establece la JCE, persigue depurar el Registro Civil de las irregularidades presentes en el mismo, debido a errores, omisiones o fraudes en la instrumentación de los actos del Estado Civil. Sin embargo, en la práctica, además de la depuración del Registro Civil, opera como instrumento para desnacionalizar a dominicanos y dominicanas descendientes de haitianos.

Cuestionable o no, esta resolución puede que sea inapelable, sin embargo lo que no es de recibo es que se aplique con efecto retroactivo, ya que entraría en contradicción con la Constitución  de 1966, vigente hasta la reforma del 2010 que reza “son dominicanas todas las personas que nacen en el territorio nacional de la República Dominicana, con dos excepciones únicas, los hijos de diplomáticos cumpliendo misión y los extranjeros en tránsito, este último regulado en el Reglamento de la Ley General de Migración de 1939

La JCE no es la única institución gubernamental que ha sepultado a los dominicanos de ascendencia haitiana, también la Dirección General de Pasaportes (DGP) ha contribuido con ello, colocando una pesada losa en la “tumba” de estos “muertos civiles”.

Existen algunos casos en que la JCE termina cediendo el acta al ciudadano pero al momento de llegar a la DGP a solicitar su pasaporte, comienzan las caras de escepticismo de los funcionarios ante sus apellidos afrancesados, entonces los remiten directamente al Departamento Legal, donde retienen sus documentos alegando que son hijos de haitianos.

Rápidamente el desconcertado solicitante se ve inmerso en una vorágine de actas, solicitudes, despachos, esperas, departamentos, postergaciones, comparecencias y aplazamientos que terminarán minando su esperanza y, en muchas ocasiones, las posibilidades de seguir invirtiendo tiempo y recursos económicos en interminables trámites.

Una de las manifestaciones que se ha hecho en demanda de nacionalidad.

Esta situación ha colocado por tercera vez a la República Dominicana en “el banquillo” de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) donde la JCE, más aún, el Estado Dominicano es cuestionado por violar el artículo 110 de la nueva Constitución,  que dice: “La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté sub júdice o cumpliendo condena.

En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”. Parece evidente que  la JCE y la DGP atentan contra esta medida.

Algunos casos. El Centro Bonó y el movimiento Reconoci.do produjeron una serie de vídeos llamados «Vidas Suspendidas» en el que se muestran testimonios de personas afectadas por la política de desnacionalización del Estado dominicano.

Éstos son algunos de los casos:

Alfredo Ogisten: dominicano, nacido y declarado en San José de los Llanos, en una zona pródiga en Bateys al Este del país, donde terminó el bachillerato. Luego estudió un técnico en educación e inglés en San Pedro de Macorís.

En el año 2009, Alfredo aplicó a un puesto de trabajo en una empresa de cruceros y  fue aceptado por su formación. Requería sacar su pasaporte para poder salir del país, pero al momento de ir a la JCE a buscar  una copia de su acta de nacimiento, ésta le fue negada.  Alfredo no pudo sacar su pasaporte y perdió el empleo.

En febrero del 2011, el tribunal de primera instancia de San Pedro de Macorís falló a favor de Alfredo y ordenó a la JCE entregar la copia de su acta. Una vez obtenida, el obstinado solicitante  depositó todos los documentos requeridos  en la DGP, para enfrentarse de nuevo con la negativa del principio.

Elena Lorac: Es una joven de 23 años de edad, nacida y declarada en Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.

Cursó el bachillerato y quiso  iniciar estudios universitarios, pero al momento de sacar la copia de su  acta de nacimiento, le fue negada con la justificación  de que sus padres son de origen haitiano.

Cansados de tanto abuso por parte del Estado, las personas afectadas se organizaron para exigir la restitución de sus derechos.

Lo que en el año 2011 Reconoci.do comenzó como una campaña de sensibilización por un registro libre de discriminación y finalmente se ha convertido en un firme  movimiento donde afirman no descansarán hasta que el Estado dominicano garantice: La restitución de los derechos civiles de las personas afectadas, empezando por la entrega inmediata de la documentación retenida en las oficialías del Registro Civil de la JCE, pasaportes en la DGP y el reconocimiento público por parte de la JCE de los perjuicios que esta política desconsiderada les ha causado.

Hay que rendirse a la evidencia, el progreso en nuestro país es imparable, y desde luego irrenunciable. Éstos ya no son tiempos de racismos, homofobias, machismos u otras conductas rancias, mojigatas  y anticuadas.

El pensamiento plural, la tolerancia, el respeto y la solidaridad, son los valores que deberán imperar en adelante si pretendemos vivir y convivir en consonancia con los tiempos.