La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda al país establecer en el anteproyecto de Ley General de Contrataciones Públicas que un porcentaje de las compras del Estado sean provistas por agricultores familiares, para que esta legislación sea una herramienta para fomentar el desarrollo rural y que se consuman productos locales, en especial de pequeños agricultores.

Resaltó que en la región instan a los países a impulsar políticas públicas que faciliten el acceso de los pequeños agricultores al sistema de compras públicas y creen sinergias con otros programas que incrementen su impacto en la seguridad alimentaria y nutricional, al tiempo que se dinamizan las comunidades locales.

En un artículo, el representante de la FAO en la República Dominicana, Rodrigo Castañeda, y Alberto Ramírez, consultor internacional de FAO destacaron que este tipo de iniciativas ha demostrado tener un fuerte efecto sobre la pobreza y desigualdad, tanto en los “proveedores” (agricultores), como en los “beneficiarios” (ciudadanía en situación de vulnerabilidad).

“Este es un buen momento para que República Dominicana dé ese salto. El país tiene una gran posibilidad con el anteproyecto de Ley General de Contrataciones Públicas, que impulsa la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Esto significa una oportunidad para incluir a la agricultura familiar como una modalidad de contrataciones públicas del Estado, que debe ser utilizada en la adquisición de productos agropecuarios, alimentos o servicios de alimentación”, exponen.

Indican que esta iniciativa traería grandes beneficios por incluir productos locales, tradicionales y sanos (en vez de alimentos ultra-procesados con déficit de micronutrientes) de los agricultores familiares, al más del millón de estudiantes que atiende el programa de alimentación escolar dominicano.

Expusieron que 12 países de la región poseen marcos regulatorios, normativas y políticas públicas que promueven las compras públicas provenientes de la agricultura familiar. Destacaron el caso de Brasil y Uruguay que establecen un 30% de las compras del Estado sean provistas por agricultores familiares.

Resaltaron que la FAO viene acompañando a varios de estos países en el diseño y establecimiento de programas de compras públicas, generando beneficios de “doble ganancia”.
Por un lado, los pequeños agricultores cuentan con un canal de comercialización accesible que les permite insertarse en mercados públicos con menores riesgos e incertidumbres, y por otro, los beneficiarios que reciben la asistencia alimentaria mejoran la calidad de sus dietas, integrando en ellas productos frescos y sanos.
Ambos expertos expresaron que la FAO y la DGCP han firmado un acuerdo para impulsar la agricultura familiar en las compras públicas.