BOGOTA (AFP).- La guerrilla colombiana de las FARC aceptó que el alto consejero de paz sea el único interlocutor del gobierno para un canje de rehenes por rebeldes, pero exige que se negocie en zonas desmilitarizadas y sean liberados todos sus miembros presos, condiciones ya antes rechazadas por el presidente Alvaro Uribe.

   El grupo rebelde aceptó la determinación anunciada por el gobierno el pasado miércoles de tener en su comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, a su único representante en un diálogo para el canje, pero exigió que el diálogo sea directo al rechazar la propuesta oficial de que se haga vía Internet.

   «Las FARC aceptan hablar con el comisionado de paz, pero cara a cara, en una zona en donde se pueden sentar frente a frente los voceros nuestros con los del gobierno», manifestó el número dos de la organización y ex negociador de paz, Raúl Reyes, en declaraciones a un noticiero de televisión.

   El grupo insurgente insiste en que no se discutirá el intercambio humanitario fuera de Colombia, por lo que señala la necesidad de zonas desmilitarizadas -que no precisó- donde se negocie y realice la entrega de los rehenes y los guerrilleros presos.

   Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) insisten también en su exigencia de que el canje debe incluir a la «totalidad de los guerrilleros presos en las cárceles del país», encabezados por el dirigente rebelde »Simón Trinidad», detenido el 2 de enero pasado en Quito.

   Además, Reyes agradeció el papel de buenos oficios que desempeñaría Suiza en la búsqueda del pacto -a petición de Uribe-, pero señaló que los términos del acuerdo deberán ser definidos en la negociación directa. «Eso le corresponde solamente al gobierno colombiano y a las FARC», concluyó.

   Aunque el gobierno anunció que Restrepo expondrá la posición oficial ante las declaraciones de Reyes, el ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, aseguró que «es un paso positivo, pero empezar a hablar de zonas desmilitarizadas (…) eso es lo que hay que mirar con mucho detenimiento».

   «El gobierno siempre ha tenido un vocero (Restrepo), hemos estado con la disponibilidad de avanzar en el acuerdo humanitario con unas condiciones mínimas, si las acepta puede esto tener un buen final», aseveró Pretelt.

   En una propuesta anunciada el pasado 18 de agosto, el gobierno ofreció excarcelar a 50 rebeldes a cambio de que las FARC liberen a 22 políticos -entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt-, 34 militares y policías y tres estadounidenses que tienen secuestrados.

   Sin embargo, el gobierno impuso como condiciones que ninguno de los rebeldes por excarcelar estén procesados o condenados por delitos distintos a los de rebelión, como secuestro y terrorismo -cargos que se le imputan a »Trinidad»-, y que los insurgentes se sometan a programas de reinserción a la vida civil, en Colombia o en el exterior.

   «El canje debe darse para que los militares y políticos vuelvan a sus labores, así como los guerrilleros a sus tareas dentro de la organización», señaló no obstante Reyes.

   Aunque el gobierno y las FARC se han cruzado más mensajes en dos semanas como nunca antes durante los dos años de presidencia de Uribe, familiares de los rehenes, dirigentes políticos, analistas y la Iglesia católica temen que esos avances no se concreten, por lo que exigen a las partes definir de una vez las condiciones para sentarse a negociar directamente.

   «Las partes se han trenzado en una suerte de pulso político en el que cada una espera sacar la mayor cantidad de dividendos, tratando de que la contraparte pague los costos y reduciendo al mínimo los que están dispuestas a asumir», opinó el experto en seguridad Alfredo Rangel.

   El analista León Valencia coincide en que detrás de los recientes anuncios sobre el canje hay un «juego político», aunque en su opinión también existe voluntad de las partes de alcanzar el acuerdo.

   «No podemos olvidar a las personas secuestradas, aplaudiría el país con muchísima alegría si dieran el paso. El balón está en la cancha de un lado para el otro y me parece que deberían de llegar a un acuerdo», afirmó el cardenal Pedro Rubiano, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.