BOGOTA (AFP).- La guerrilla colombiana de las FARC rechazó una propuesta del gobierno de Alvaro Uribe de canjear a 50 rebeldes presos por 22 políticos, 34 militares y policías, y tres estadounidenses en poder de ese grupo, pero dejó abierta la posibilidad de una negociación directa para acordar el intercambio.

   El secretariado -mando central- de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) afirmó que la oferta oficial, anunciada el 18 de agosto, «carece de realismo y seriedad» por las condiciones que impone y obedece al afán de Uribe de buscar su reelección.

   En un comunicado divulgado la noche del domingo, las FARC rechazan concretamente que el gobierno haya puesto como condición para el canje que los rebeldes que sean excarcelados deben someterse a un programa de reinserción a la vida civil, en el país o el exterior, y estén procesados o condenados por el delito de rebelión, no de lesa humanidad.

   Al criticar la unilateralidad de la propuesta oficial y calificarla de «absurda», el grupo rebelde consideró que se debe discutir en una negociación «cuáles y cuántos» serían los guerrilleros a excarcelar, las condiciones de la liberación y los delitos que estarían vinculados con el de rebelión.

   «¿Dónde está el intercambio cuando el gobierno se queda con los guerrilleros?», señalaron las FARC, y criticaron a Uribe por haber divulgado en los medios la propuesta. «Un acuerdo se hace conversando cara a cara», añadieron.

   No obstante, la guerrilla manifestó su disposición de seguir buscando el canje, y recordó que en febrero pasado designó a los comandantes Fabián Ramírez, Carlos Antonio Lozada y Felipe Rincón como negociadores, por lo que reclamó al gobierno hacer lo propio.

   Aunque aclaró que será el consejero de paz, Luis Carlos Restrepo, el que hará un pronunciamiento oficial sobre la respuesta del grup rebelde, el vicepresidente Francisco Santos afirmó que «todos lamentamos esta decisión de las FARC». «Era muy fácil responder sí», subrayó.

   El ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, consideró que la reacción de las FARC no cierra la posibilidad al canje y dijo que «el gobierno sigue en su interés inmodificable de querer que los secuestrados regresen al seno de sus hogares».

   La respuesta de las FARC, ampliamente esperada en el país, fue considerada como previsible por familiares, líderes políticos y analistas, algunos de ellos pesimistas y otros esperanzados en que la negociación, con las cartas sobre la mesa, pueda empezar una vez que Uribe nombre a sus delegados.

   «Me parece que no son tan radicales como yo temía, dejan la posibilidad de unas conversaciones», destacó el ex presidente Alfonso López, uno de los principales impulsores del pacto humanitario.

   Los más optimistas son los familiares de los rehenes. «Las FARC están rechazando la propuesta, pero no la negociación. Aquí no se trata de imponer nada, sino de acordar», dijo a la AFP Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada desde el 23 de febrero de 2002.

   Haciendo eco de la demanda de los parientes de los secuestrados, la presidenta de la Cámara de Representantes, Zulema Jattin, dijo que es hora de que el gobierno nombre a sus negociadores.

   El senador Rodrigo Pardo destacó que «hay que mirar la respuesta de las FARC no como un portazo, sino como una ventana abierta», y advirtió que el gobierno «no debe ahora dar marcha atrás».

   Por su parte, el representante Wilson Borja la calificó como una «respuesta política a una propuesta política», que no cierra las puertas al diálogo.

   Pero en contraste, el senador izquierdista Antonio Navarro consideró la reacción de las FARC como fría y que no implica un avance en la búsqueda del pacto.

   «Me parece, lamentablemente, que eso era previsible», señaló el senador Germán Vargas, quien pese a ser aliado de Uribe criticó que haya cedido en el tema del intercambio humanitario guiado por las encuestas.

   Los analistas Fernando Giraldo y Alfredo Rangel coincidieron en que el gobierno lanzó su oferta tras publicada un sondeo según el cual un 75% de colombianos opina que la firma de un pacto humanitario favorecería aún más la imagen del mandatario, quien impulsa un proyecto que le permitiría prolongar su mandato que concluye en 2006.