FARC y el Gobierno reconocen dificultades en proceso de paz

FARC y el Gobierno reconocen dificultades en proceso de paz

LA HABANA.- El gobierno colombiano y las FARC admitieron ayer que las conversaciones para lograr un acuerdo de paz atraviesan momentos complejos. “Aún en estos días difíciles, lo reconocemos, no perdemos la fe”, dijo el representante del gobierno Humberto de la Calle.

Las partes discuten desde hace varios meses el resarcimiento a las víctimas luego de que a lo largo del primer año y medio habían llegado a convenios parciales en tres puntos de una agenda preestablecida de seis. “La mora por la resolución de estos asuntos no se nos puede imputar”, comentó el comandante rebelde Iván Márquez. “Necesitamos avanzar. Hacerlo es de interés nacional”, agregó el dirigente.

Las partes, que hablaron por separado, cerraron el ciclo número 36 y recomenzarán sus conversaciones el 21 de mayo. El proceso entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia comenzó a fines de 2012 y hasta ahora los tres puntos en los cuales las partes han logrado un acuerdo parcial son los de los problemas de la tierra, la participación política de la guerrilla y el combate al narcotráfico.

Márquez, cuyo nombre legal es Luciano Marín Arango, insistió en la necesidad de una Asamblea Constituyente que abra una nueva era de paz y justicia social para los colombianos e indicó que esperaba que en próximo ciclo se forme una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.

De la Calle aseguró que la sociedad colombiana está impaciente y escéptica y espera que la guerrilla y el gobierno muestren resultados concretos.

Ni el gobierno ni las FARC especificaron cuáles son los puntos que obstaculizan la negociación, pero en días anteriores representantes de Santos y del gobierno mostraron posiciones encontradas sobre la forma en que se aplicará justicia una vez que se alcance el acuerdo de paz.

Ambas partes consideraron un logro de este ciclo haber avanzado en un proyecto de desminado conjunto en comunidades rurales. Desde la década del noventa al menos unas 11,000 personas han sido víctimas de las minas antipersonales.

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