Herramienta para la defensa personal al tiempo que para atraer a los asesinos brutales. Esa es la paradoja a la que ha ido a parar el arma de fuego en este país. Agentes policiales, oficiales y clases, y miembros de cuerpos armados, se constituyen en blancos favoritos de homicidas que circulan por calles. También en civiles que optan por apoyarse en recursos letales. Una norma ha debido tener vigencia: el personal militar o policial debería estar restringido al porte para los momentos en que cumplen tareas que así lo exigen estando en servicio. Se reduciría con sentido práctico y de seguridad la exposición que atrae asaltantes. En el ámbito privado la exhibición de armas de fuego es contraproducente per se y de hecho es objetada en algunos sitios públicos como bancos y centros de diversión.

La posesión de arma de fuego y su ostentación, conducen con facilidad a la tragedia. La pistola es un objeto muy presente en los feminicidios. Portadores legales e ilegales que por vocación machista en algún momento se convierten en asesinos. El control sobre armas de fuego en poder de civiles es de poca efectividad. No se ha logrado que solo sean portadas por personas sin antecedentes delictivos y en condición emocional bajo certificación profesional de que se está siquiátricamente apto para ir armado por ahí sin riesgos para la sociedad. La depuración no funciona y la asignación alegre desde el poder continúa.

Una fiscalía que exige justicia

Es una historia que comenzó siete años atrás por un fraude en Aduanas, según autoridades de Santiago. Desde el primer momento trascendía una renuencia a niveles de poder y la política a que los encausados pasaran a juicio oral, público y contradictorio. Hasta una dirección aduanal pasada retiró la querella como para hacer caer el proceso e incluso desaparecieron elementos de prueba.
Después de mucho esfuerzo para seguir el caso, la fiscalía se alarma y apela porque solo condenaron a tres de seis prevenidos. Solo a los cómplices aunque la acusación estaba dirigida principalmente a los tres descargados. El Ministerio Público actúa a nombre de la sociedad y aunque los jueces fallan soberanamente, la Justicia no debe generar dudas al proceder, teniendo a todo un país como testigo.