Aún cuando en lo que va de año cinco estaciones de expendio de gas licuado de petróleo  han sido cerradas por estafar a los usuarios a través del despacho de una cantidad menor a la pagada, todavía en   muchos de esos establecimientos persiste la situación.

El caso más reciente  ocurrió la semana pasada, cuando Unigas, en  Villa Altagracia, fue cerrada por el Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) cuando midió 15 galones y despachó sólo  4.63.  

Al ser cuestionada ayer sobre la necesidad de mayores sanciones,  la directora ejecutiva de Proconsumidor, Altagracia Paulino,  favoreció  que la justicia sea más severa en la aplicación de sanciones a las estaciones de gas que se comprueben  estafan.

Aunque  aclaró  que la competencia de ese organismo es poner en manos de la justicia   la situación, dijo que  “la justicia debe ser drástica. Hay que proteger a los ciudadanos. Si alguien estafa a los ciudadanos la justicia debe responder”.

En declaraciones a este medio, Paulino recordó  el calificativo de robo a los establecimientos que incurren en esa estafa y recordó que  al Ministerio Público le corresponde aplicar el Código Penal en esos casos.