POR TANIA HIDALGO Y RADHAMÉS GONZÁLEZ
El Procurador General de la República Radhamés Jiménez Peña propugnó ayer por una revisión exhaustiva del  Código del Menor para enmendarlo en cuanto sea necesario, mientras que la Federación Intencional de Colegios de Abogados de las Antillas (FICAA)  favorece que los menores que incurran en crímenes puedan ser condenados hasta a 30 años.

El fiscal de la provincia Santo Domingo se quejó ayer de la benignidad con que el Código trata a los menores de edad.

Jiménez Peña entiende que el Código del Menor debe ser estudiado de manera exhaustiva y más profunda, para que el Poder Judicial y el Ministerio Público determinen cuáles medidas pueden adoptarse para impedir o reducir la participación de menores y adolescentes en hechos delictivos.

“Yo creo que sí, yo creo que debemos abocarnos a hacer un estudio más exhaustivo, más profundo del Código de Niños, Niñas y Adolescentes”, manifestó Jiménez Peña en una improvisada conferencia de prensa efectuada en su despacho, donde recibió al  ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal.

Jiménez Peña abogó   porque se convoque a expertos “para que nos rindan un informe y ver, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público y las demás instituciones que tienen que ver   con la regulación de lo que es el  comportamiento  de niños, niñas y adolescentes,  qué medidas, qué soluciones se pueden tomar para dar al traste con la situación que se está presentando”.              

   Manifestó que la situación legal que envuelve a los menores y adolescentes “es muy singular, son casos especiales que hay que diferenciarlos de lo que son los casos comunes”.

 Recordó que los menores y adolescentes están protegidos por una ley “muy singular, muy especial que hay que diferenciar de los casos que son comunes”.

Opinó que “hay que ver, hay que evaluar todas las inquietudes”, entre éstas las que planteó el licenciado Perfecto Acosta, procurador fiscal de la provincia Santo Domingo.

   Dijo que el fiscal de Santo Domingo “s         igue el día a día de las situaciones que se dan en una de las provincias de los territorios más conflictivos”.

 Recordó también que la provincia Santo Domingo “tiene uno de los territorios más poblados y de los más sensibles por la gran marginalidad que se da en la misma”.

  Declaró que Acosta  lo ve y lo palpa en carne propia, lo que lo ha convertido en una autoridad en asuntos de niños y adolescentes.

POSICIÓN DE LA FICAA

La Federación Intencional de Colegios de Abogados de las Antillas (FICAA) favoreció  una modificación al Código del Menor que permita que   la pena máxima a aplicar  a los menores infractores de la ley sea de 30 años de prisión.

Deomedes Olivares secundó las declaraciones del fiscal de la Provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta, en el sentido de que cada día es mayor el número de crímenes cometidos por menores de 18 años.

“Muchos jóvenes, aprovechando la protección que en cierta forma le brinda esa legislación, se prestan para cometer crímenes y delitos”, insistió.

Refirió  que en la mayoría de los robos, atracos, tráfico de drogas y asesinatos que se registran en el país hay involucrados menores de edad.

“Es lamentable que el Código del Menor sea tan benigno con los delincuentes. En la mayoría de los crímenes hay menores involucrados. Cinco años es muy poco, esa pena debe ser elevada a 30 años, porque la fragilidad de la legislación es la que está provocando que tantos adolescentes estén envueltos en casos delictivos”, puntualizó.

Adujo que los menores de este tiempo tienen mentalidad de adultos “y por eso deben ser castigados sin contemplación”.

Explicó que regularmente esos jóvenes se vuelven reincidentes y una vez cumplen su pena vuelven a delinquir.

El pasado domingo, el representante del Ministerio Público en la provincia Santo Domingo dijo los crímenes cometidos por menores de 18 años de edad se ha incrementado considerablemente.

Precisó que bandas de criminales y de narcotraficantes están utilizando a niños con edades entre 13 y 17 años para enviarlos a cometer todo tipo de fechorías, conscientes de que son mínimas las sanciones que establece la Ley 136-06 para los menores de edad que delinquen, no importa la magnitud del crimen.