Favorecen fiscales supervisen oficialías

Favorecen fiscales supervisen oficialías

POR UBALDO GUZMAN MOLINA
El movimiento cívico Participación Ciudadana consideró ayer que la Junta Central Electoral (JCE) no debe oponerse a que los representantes del Ministerio Público supervisen el funcionamiento de las oficialías del estado civil, en cumplimiento a lo establecido por la Ley 659 sobre la materia.

Dijo también que esa supervisión de la Fiscalía, que debe hacerse en coordinación con la JCE, podría ayudar a prevenir actos contrarios a la ley y a mejorar la transparencia en el funcionamiento de las oficialías.

Criticó los graves actos delictivos en los cuales se han visto involucrados diferentes oficiales del estado civil, particularmente aquellos relativos a la simulación de matrimonios y otros hechos, con el fin de facilitar la obtención de pasaportes oficiales en beneficio de personas que no tenían la calidad necesaria para ello.

En un documento, Participación Ciudadana apoya la investigación iniciada al respecto por las autoridades judiciales y la JCE, pero demanda que se profundicen con la adopción de las medidas administrativas que la situación requiere y la sanción judicial de los responsables.

Expresa que el servicio de las oficialías del estado civil a la ciudadanía sigue siendo deficiente y que estos organismos continúan trabajando sin suficiente regulación y supervisión, aplicando tarifas antojadizas y fijándose sus propios honorarios.

Hace un llamado a la JCE para que cumpla con el mandato de la ley, supervisando las actividades de las oficialías, estableciendo tarifas uniformes para todos los servicios que ofrecen y fijando salarios a los oficiales del estado civil en correspondencia con las funciones que desempeñan y en cumplimiento con el artículo 8 de la Ley 8-92, del 13 de abril del 1992.

Señala que los ingresos de las oficialías, producto del pago de las tasas que realiza la ciudadanía al solicitar un servicio, son de carácter oficial y deben registrarse como parte de los ingresos propios de la JCE y considerarse para la estimación de su presupuesto, conforme a las normas que han sido puestas en práctica en los últimos años por la Contraloría de la República.

A su juicio, el pésimo servicio que, en sentido general, ofrecen las oficialías a la población, se evidencia en que para obtener la certificación de una acta hay que esperar horas, días y a veces semanas, lo que ha generado un servicio ilegal e inmoral de «buscones» y «tributarios».

Considera que debe llamar a reflexión a la JCE para que la modernización de las oficialías no se limite a la automatización del registro civil, sino que realice una reingeniería institucional de esos organismos, estableciendo procedimientos que ofrezcan un servicio eficiente y rápido a los ciudadanos.

Cree necesario que la JCE desempeñe las facultades de supervisión que le otorga la ley en esta materia y que no espere el surgimiento de un conflicto para intervenir.

Participación Ciudadana considera que el mejoramiento del desempeño de las oficialías debe también tomar en cuenta la necesidad de modificar la Ley 659 sobre actos del estado civil y cree necesario crear un procedimiento administrativo más ágil para las declaraciones tardías, que permita reducir la gran cantidad de personas cuya existencia no ha sido declarada.

Expresa su preocupación porque los hechos atribuidos a las oficialías se producen a menos de nueve meses de la celebración de elecciones legislativas y municipales, cuando se supone que la JCE debería destinar sus principales energías en la organización de un proceso electoral.

Precisa que esas elecciones implican más de mil puestos a escoger de manera simultánea.

Cree que es tiempo de que la JCE publique el calendario electoral y tome las medidas correspondientes para la organización del proceso, garantizando unos comicios transparentes y confiables.

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