Hoy 
POR ANSELMO SILVERIO
SANTIAGO.- Los economistas Eduardo García e Isidoro Santana abogaron ayer por una reducción de la deuda pública, el déficit eléctrico y el déficit cuasi fiscal que aunque han sido amortiguados siguen siendo un factor de preocupación. Asimismo, explicaron que la aplicación el año pasado de las medidas económicas, circunstanciales o no, se manifestarán negativamente en la economía nacional en este año 2006.
No obstante, opinaron que nadie puede asegurar que en el mediano y largo plazo no se presentarán circunstancias adversas que obliguen a reducirlo y aseguraron que el Fondo Monetario Internacional ha adoptado una posición muy flexible.
Entre otras cosas, dijeron que el FMI acaba de consentir que para este año no se requerirá un superávit de 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB), para transferirlo al Banco Central y achicar el déficit cuasi fiscal.
Indicaron que la deuda pública total se ha expandido con rapidez, mientras que la deuda total se ha triplicado en los últimos cinco años en US$1,000 millones.
Pero la deuda pública total con respeto al PIB ha bajado, en razón del fuerte incremento de esta variable, coincidieron ambos economistas. García y Santana hablaron ayer en un seminario titulado Retos de la Economía Dominicana en el 2006, auspiciado por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, cuyo presidente, ingeniero Ricardo Fondeur presentó a ambos oradores.
En su turno, García dijo que en el plano institucional se plantean iniciativas importantes vía revisión de ley monetaria, por encima de la vulnerabilidad de la economía en años anteriores cuando se produjo un virtual estancamiento de ala cartera de créditos, la cual ha disminuido su participación en los activos totales a un 46% desde el 66%.
Por su lado, Santana, al citar un estudio económico de la firma Ecocaribe, manifestó que el sistema bancario ha sido sometido a un proceso de fortalecimiento del marco regulatorio y la supervisión.
La estructura financiera se ha transformado transitoriamente a una banca de tesorería versus operaciones activas y el nivel de rentabilidad mejoró, pero sin llegar a los niveles del 2002, explicó.
En cuanto a los compromisos fiscales en la carta de intención vigente con el FMI, aseguró que la última fue negociada en septiembre pasado y que probablemente sufra modificaciones en los próximos días.
En cuanto a la aprobación del presupuesto todavía pendiente, consideró que debería contener la meta de superávit de 0.7% del PIB, que incluya la eliminación de la práctica del excedente presupuestario.
Deben realizarse reemplazos por una asignación para gastos presidenciales hasta un cinco por ciento de los ingresos, otra asignación para situaciones de emergencia originadas por catástrofes de hasta un uno por ciento y además, establecer límites al gasto salarial, los subsidios energéticos, las transferencias y gasto en inversión pública, recomendó.
