La sociedad dominicana tiene como eje de interacción social la reciprocidad basada en los favores. En las comunidades rurales y urbanas los favores tejen redes sociales y generan en su interior cohesión social. Los favores incluyen múltiples dimensiones como son: el paso de un puño de arroz, un plato de comida, apoyo en caso de enfermedad, entre otros.

El establecimiento de favores sirve como sostén del tejido de relaciones de poder entre los partidos políticos y la población con el sistema clientelar. Este poder se mantiene por el sentido de deuda que genera el favor que alimenta el sistema de control social.

Darle puestos, empleos, botellas o cheques a personas en las comunidades fortalece las relaciones de poder y convierte los empleos públicos en “regalos” concepto asociado al sentido del “don” que analizan Mauss y Godelier.

El tejido favor-debito permea la membresía del partido político en el gobierno. El trabajo en las campañas políticas conduce a entender que “ganar las elecciones” es una garantía para la obtención de “lo suyo”.  “Conseguir lo mío” es una expresión que denota claramente la apropiación de los puestos, salarios y fondos del estado.

La ausencia de la carrera civil y administrativa es el producto de ello. Cada funcionario tiene poder para nombramientos desde la red de “favores” en su círculo familiar y político abultando la nomina que aumenta los gastos del estado.

Todas estas prácticas han convertido el estado dominicano en patrimonio del grupo gobernante que se enriquece rápida e ilícitamente (lo que se observa en la obtención de jeepetas de lujo y otros bienes que no se consiguen con simples salarios).

La corrupción agudiza la desigualdad social y disminuye las partidas que deben ser dirigidas a políticas sociales  como: educación, salud, vivienda, juventud, niñez, envejecientes, saneamiento, agropecuaria y fuentes de empleo.

La corrupción es ejercida por una clase política que representa una minoría. No es justa la afirmación de que se ha extendido a la sociedad dominicana donde una gran mayoría vive en la pobreza y realiza grandes esfuerzos para sobrevivir.

La legitimación de la corrupción se hace evidente en las declaraciones del Presidente de la República y sus funcionarios que no la reconocen y minimizan su presencia en el estado. Esta actitud es totalmente contradictoria con el mercadeo social que mantiene el gobierno de “moderno” y “democrático”, es una muestra de resistencia a la transparencia y un debilitamiento de la institucionalidad. El rol de un jefe de estado debe ser por el contrario supervisar y evaluar la gestión de sus funcionarios abriéndose a las críticas y demandas de la población sobre los problemas de su gestión.