La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) solicitó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) posponer para el 1 de enero del próximo año la facturación electrónica que debía iniciarse el 15 de mayo para los grandes contribuyentes de los pueblos.

Al participar en el Encuentro Económico de HOY, el presidente de la FDC, Iván de Jesús García, señaló que en la Capital siempre ha existido una oficina de grandes contribuyentes, pero que la DGII está catalogando como grandes contribuyentes a pequeños y medianos comerciantes de los pueblos.
Puso como ejemplo que un gran contribuyente, por ejemplo, en Montecristi en la Capital es un micro contribuyente.

García estuvo acompañado del vicepresidente de la FDC, el arquitecto Raymond Ulloa.
Resaltó que la emisión de la factura electrónica es un proceso tecnológico importante y las empresas de adquirencia cobran hasta cuatro pesos por cada factura.

Consideró que la facturación electrónica es un tema delicado, porque los comerciantes del interior del país están rezagados en el ámbito tecnológico.

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Se preguntó que si lo comerciantes chinos emitirán la facturación electrónica. Dijo que los comerciantes chinos se encuentran en todo el país.

Las autoridades, dijo, deben incrementar la supervisión de los negocios chinos, debido a que están quebrando a los pequeños, medianos y grandes comerciantes no solo de los pueblos, sino de la Capital
Señaló que los negocios chinos deben ser supervisados por la Dirección General de Aduanas, la DGII, el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Migración.

Propuso la creación de una equipo multidisciplinario que incluya también la Tesorería de la Seguridad Social y la Superintendencia de Bancos, para dar seguimiento al dinero.

Señaló que las ventas del sector comercio han caído un 1 4% en el primer trimestre del año, lo cual se puede constatar con los números de las cuentas nacionales del Gobierno.

“El sector comercio creció poco entre enero y febrero, aunque en marzo fue 8.9%, según el Banco Central”, dijo. Propuso que el Banco Central liberalice recursos del encaje legal para dinamizar al sector.