POR PEDRO GERMOSEN
El secretario de Turismo, Félix -Felucho- Jiménez, recurrió ayer a la Constitución, al Derecho,  a la costumbre y a precedentes  históricos para defender su honorabilidad en su doble rol de funcionario público y accionista de varias empresas inmobiliarias que incursionan en el sector turístico desde hace 32 años.

Al ser interpelado por la Cámara de Diputados, Jiménez dijo que contra él se han hecho imputaciones falaces , difamatorias  y mentirosas en una vana intención de vincularlo a  corrupción  como funcionario y hombre público.

 Sostuvo que nunca  le ha vendido un metro cuadrado    de terreno  a ninguna cadena hotelera, a pesar de sus 32 años de trabajo en el sector inmobiliario, ni tampoco,  añadió,  le ha comprado un metro cuadrado de tierra al Estado.

Respecto al proyecto Vista Mare, que se construye en la costa Norte,  del que se le acusa haber otorgado  permiso de construcción, Felucho Jiménez, dijo:

“Este proyecto es propiedad de la compañía   “Constructora J.J., S.A., en la cual he tenido, desde antes de ser secretario de Turismo, una participación como accionista de aproximadamente el 13%  , siendo los otros socios, personas o empresas de conocida solvencia, todo lo cual es de fácil comprobación en los documentos corporativos.”

“Félix Jiménez -dijo-, nunca ha aceptado, operado o administrado la compañía Constructora JJ. Asimismo, tampoco ha dirigido, operado o administrado ninguna otra empresa después de haber aceptado cargo como secretario de Turismo.”

Dijo que siendo secretario de Turismo, la cartera  otorgó una “no objeción” al desarrollo del proyecto Vista Mare,  con las mismas condiciones y el mismo alcance que, desde hace 20 años, viene otorgando el organismo que dirige.

  Rechazó que la constructora JJ, S.A., haya desalojado a campesinos del área donde se construye el proyecto, tras significar que los terrenos fueron adquiridos legalmente por la firma Eximar, la cual, dijo, vendió el perímetro a la empresa constructora.

                           Pidió que  lo sometan a la Justicia quienes entiendan que él ha ordenado, permitido, insinuado, alentado o autorizado a subalternos o particulares, aun verbalmente,  la ejecución de acciones u omisiones que violen la ley.

En una exposición de una hora y 30 minutos, Felucho Jiménez dijo que renunciaría al cargo si se demuestra que ha incurrido en irregularidades lesivas al interés nacional en el desempeño de sus funciones.

  Negó que haya incurrido en   tráfico de influencia como presidente del Consejo de Fomento Turístico (Confotur), que es, explicó, un organismo colegiado de ocho miembros  donde él sólo representa un voto.

 “Cabe notar, que el proyecto de Pueblo Bávaro, de cuya empresa   promotora, Inversiones Pleamar, S.A.,  soy accionista , fue beneficiada durante el gobierno del PRD por el Confotur mediante resolución 7-2002, del 13 de agosto del 2002, con la clasificación definitiva  del proyecto y recibió las exenciones y exoneraciones   impositivas correspondientes”, dijo.

Explicó que las extracciones  de arenas realizadas con motivo de la regeneración de las playas, obedece a estudios geológicos efectuados por empresas calificadas que determinan las áreas del litoral donde existen bancos de arenas naturales, que se utilizan como zonas de préstamo.

 Juez y parte

  Felucho Jiménez dijo que  quienes  cuestionan si es “juez y parte”  porque es empresario inmobiliario, con incursiones en áreas turísticas  siendo secretario de Turismo, deben responder cuándo la Cámara de Diputados cuestionó a Eligio Jáquez, a Hipólito Mejía, a Ramón Báez Romano o a Bolívar Ortiz, o a docenas de secretarios de Estado  de los gobiernos del PRD que han sido funcionarios cuyas decisiones podrían haber favorecido o no a las empresas en las que participaban.

   Dijo que cuando  el finado presidente perredeísta Antonio Guzmán fue secretario de Agricultura, durante el gobierno del profesor Juan Bosch, en 1963, se quitaron los aranceles a los productos importados para la ganadería.

“Sin embargo, nadie, entre los cuales, por supuesto, estoy yo,   cuestionaría jamás la honorabilidad de don Antonio”, dijo.

“Quién ha cuestionado por tales motivos a Luis Toral o a Pedro Bretón y a decenas de secretarios de Estado de los gobiernos reformistas por haber sido, según los moralistas de nuevo cuño, “juez y parte?”, preguntó el funcionario.

Sostuvo que nunca ha utilizado testaferros ni  empresas fantasmas en los proyectos en que participa y significó que hace 32 años que paga anualmente sus impuestos como empresario inmobiliario.

Dijo que durante su gobierno,  Hipólito Mejía autorizó a  los entonces secretario Técnico, Rafael Calderón, y de Turismo, Rafael Suberví Bonilla, un financiamiento de 10 millones de euros para la restauración de playas, cosa que ha hecho la administración del presidente Leonel Fernández  sin coger préstamos.