Quito.– El femicidio protagonizado el pasado sábado por un venezolano contra una ecuatoriana, en la ciudad andina de Ibarra, ha desatado el temor a una oleada xenófoba en el país, donde organismos de migrantes denunciaron este lunes 82 agresiones a ciudadanos de Venezuela en las últimas horas.

El nerviosismo en la comunidad venezolana se incrementó a primeras horas de hoy ante rumores -ya desmentidos por la Policía-, sobre la presunta muerte de cuatro ciudadanos de ese país en Ibarra.

Y aunque la Policía aseguró que “no existen ciudadanos venezolanos fallecidos o heridos producto de altercados”, el presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior, Eduardo Febres Cordero, denunció que 82 compatriotas suyos han sido víctimas de agresiones xenofóbicas en distintas ciudades de Ecuador. “Estas noticias sobre muertos y heridos son falsas.

La ciudad está en calma”, aseguró en Twitter la ministra del Interior, María Paula Romo, en referencia a Ibarra (norte), que hoy velaba el cuerpo de Diana Carolina.

El asesinato a cuchilladas, ante varios agentes de la policía, de esa madre de dos menores de edad y que estaba embarazada, provocó el rechazo de un grupo de ciudadanos a la presencia de venezolanos en Ibarra, un repudio que, según Febres Cordero, se replicó en otras ciudades.

Y mientras las autoridades pedían mesura y no caer en generalizaciones, la incertidumbre sobre la situación de los venezolanos se acentuó ante la decisión del Ejecutivo de exigirles a partir de ahora un certificado apostillado de antecedentes penales.

Una demanda que es “casi imposible” de tramitar en Venezuela pues podrían esperar “no menos de seis meses” en su país para obtener el documento, según el presidente de la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador (Acve), Daniel Regalado.

El activista mostró su preocupación por la situación “de embudo» que se va a formar en la frontera con Colombia porque quienes llegan a Ecuador para establecerse, o en tránsito, “no van a tener la posibilidad” de obtener el certificado.

Al anunciar hoy este nuevo requisito, el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, alertó contra las generalizaciones por el hecho de que el agresor (ahora detenido) sea extranjero y solicitó a sus conciudadanos actuar con los demás como quisieran que actúen con ellos.

Pero apuntó que Ecuador tampoco puede cerrar los ojos a la preocupación por la inseguridad. “Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del Gobierno de (Nicolás) Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir”, dijo.

Por su parte, el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de enviar a Ecuador “a personas que tiene detenidas en sus cárceles”, razón por la que “rechaza la entrega de récord judicial” a los emigrantes.

Ante el femicidio, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció el fin de semana la conformación de brigadas para controlar la situación legal de los venezolanos y subrayó que “se les han abierto las puertas, pero no se sacrificará la seguridad de nadie». Unas declaraciones que han echado más leña al fuego y han arrastrado una ola de críticas en Ecuador, donde viven 250.000 venezolanos.

La Confederación de las Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) ha expresado su temor de que las reacciones del Gobierno ante recientes hechos de violencia machista, entre ellos el femicidio de Ibarra, pueda fomentar la xenofobia.

La agrupación indígena, la mayor de Ecuador, sostiene que la violencia contra la mujer en el país es un fenómeno social “en aumento, ya que lo sostiene una estructura patriarcal, que no conoce de fronteras y de naciones». Y en ese sentido, expresó su preocupación de “que el Gobierno Nacional emita pronunciamientos que fomentan la xenofobia y (..) alimenten posiciones que provocan más violencia».

Para el líder de la oposición Guillermo Lasso las declaraciones de Moreno “tienen un tinte de xenofobia, similares a las del presidente (Donald) Trump respecto a los migrantes en EE.UU.». Frente a esas acusaciones, las autoridades defienden que las medidas que se adopten en Ecuador buscarán precautelar la paz ciudadana y la convivencia pacífica de nacionales y extranjeros.