Un grupo de organizaciones y redes feministas de la región, participantes en la  XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe donde el pasado martes el discurso del presidente Danilo Medina fue interrumpido con la consigna «Todos somos Haití»,  remitieron hoy una carta al Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

En la misiva, las organizaciones firmantes expresaron preocupación por la sentencia que establece que a los hijos de extranjeros ilegales no les corresponde la nacionalidad dominicana y  hacen un llamado al Tribunal Constitucional para que rectifique esta decisión y  cumpla con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de la población dominicana con ascendencia haitiana, especialmente de las mujeres, niñas y niños.

A continuación compartimos la carta remitida al TC:

Señor

MILTON RAY GUEVARA

Presidente Tribunal Constitucional

Reciba un cordial saludo

Las organizaciones y redes de América Latina y el Caribe presentes en la XII Conferencia sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe abajo firmantes, queremos expresar nuestra preocupación por las graves consecuencias que conllevaría la aplicación de Sentencia TC/168/13, dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en contra de la población dominicana de ascendencia haitiana de varias generaciones, especialmente de mujeres, adolescentes, jóvenes y niñas.

La sentencia es contraria a los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado Dominicano, en especial a la Convención Americana de DDHH, a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las formas de Violencia contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Discriminación Racial, a Durban, al Consenso de Brasilia y al reciente consenso de Montevideo.

El Tribunal Constitucional contradice la Sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Dilcia Yean y Violeta Bosico v. República Dominicana (2005), la que estableció que la República Dominicana aplicó las leyes de nacionalidad y registro de nacimiento de manera discriminatoria y ordenó la reforma del sistema de registro de nacimiento para eliminar elementos discriminatorios y para crear un procedimiento efectivo de expedición de actas de nacimiento a todas las niñas y  niños nacidos en territorio dominicano sin importar el estatus migratorio de sus padres. Recordamos que esta decisión es de cumplimiento obligatorio e inmediato para todos los poderes públicos del Estado.

La decisión del Tribunal desconoce el Estado de Derecho, en tanto, desnacionaliza a personas dominicanas de ascendencia haitiana, anulando derechos adquiridos previamente y acentúa la discriminación contra las mujeres quienes se verán expuestas a situaciones de mayor vulnerabilidad por su condición de género. El ejercicio de sus derechos fundamentales se restringirán ante el riesgo de deportaciones masivas, afrontarán mayores dificultadas para estudiar, trabajar en condiciones de dignidad, para acceder a la seguridad social, a la salud, al ejercicio de sus derechos de familia y de propiedad.

Igualmente, la decisión del Tribunal incrementa el riesgo de la violencia basada en género y todo tipo de abuso y violencia sexual hacias las mujeres afectadas. Así mismo, se vería limitado el ejercicio del derecho de estas mujeres al acceso a la justicia al no querer presentar denuncias de actos de violencia ante el temor de que esta situación se revierta en contra de las mismas  por su condición jurídica.

También se vería limitado el ejercicio de sus derechos reproductivos, lo que podría impactar por ejemplo en la mortalidad y movilidad materna, ya que esta medida obstaculizaría el acceso a los servicios de salud para la atención del embarazo, parto y el puerperio por el mismo temor a ser deportadas o por la posible inscripción de sus hijos e hijas en el registro de extranjería.

Esta sentencia incidirá de manera negativa en la salud emocional de las mujeres y de sus familias, al condenarlas a vivir en un estado de incertidumbre constante sobre lo que les va a pasar, y ante el miedo de ser deportadas, y de que sus familias sean desintegradas, además de arrebatarles su sentido de pertenencia, de identidad y de arraigo. Esta situación por sí misma constituye una violación del derecho a la integridad personal.

Por tanto, hacemos un llamado al Tribunal Constitucional para que rectifique esta decisión y  cumpla con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de la población dominicana con ascendencia haitiana, especialmente de las mujeres, niñas y niños.

Las organizaciones que suscriben este comunicado estaremos vigilantes hasta tanto sean restituidos los derechos conculcados por esta sentencia.