El proyecto no es casual. Surgió del consenso de diversos sectores que están preocupados ante el evidente incremento de la violencia machista. Por ello, nunca ha tenido ni tendrá por objetivo promover el matrimonio igualitario.

“Desafortunadamente hubo una interpretación que ha formado un concepto que no está en la ley y se ha tergiversado. El proyecto es para mejorar la ley 24-97, integrarla, integrar todos los componentes que inciden en ella y crear otras instancias nuevas”, explica Magaly Caram, directora ejecutiva de Profamilia.

De aprobar este proyecto, sostiene Magaly Pineda, presidenta del Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf), se llenarían los vacíos que quedan en la ley 24-97. Y es que, 17 años después de aplicarla, la experiencia de jueces y fiscales ha servido para saber qué le falta a esa ley para hacerla más eficiente.

Reconsideración. A las feministas les preocupa que por la definición de mujer que aparece en el proyecto se invalide la iniciativa, que es una ley de violencia. “Han extrapolado esta definición para invalidar el punto central y ojalá que no sea una extrapolación intencional”, indicó Caram al tiempo de asegurar que ellas están en la disposición de consensuar una definición que agrade a todos los sectores con tal de que la ley se apruebe.

“Si eso es motivo para que la ley sea obstaculizada, vamos a negociar un texto”, dijo Caram, quien le pidió a los congresistas que revisen el proyecto.