Fernando Caamaño, Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), sugiere que el Estado dominicano se haga responsable de la provisión de los servicios de salud y de la contratación de las Proveedoras de Servicios de Salud (PSS) y la participación de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), aunque reconoce que surgirían “presiones políticas y sociales de diversos sectores y particularmente de los grupos de intereses”.

De hecho, Caamaño sostiene que en el sistema de salud el rol del sistema previsional, que es fundamental, “ya está en peligro, por las presiones enormes que se reciben del lado de la provisión de servicios”.

“En todo sistema de seguridad social, la existencia de un asegurador o un administrador de riesgos de salud, como en el caso de nuestro país en el que intervienen las ARS, tiene como uno sus propósitos promover la contención de costos y hacer más costo-efectivo los servicios de salud para los afiliados”.

Caamaño comentó que hay que entender que las ARS, en su rol dentro del sistema, “evitan presiones cotidianas e innecesarias, porque ellos son los que tienen que administrar el riesgo o el paquete de beneficios que el sistema le otorga a los afiliados a través del plan básico de salud”.

Entre los roles particulares que tienen las ARS, precisa el funcionario, figura la contratación de los servicios, los procedimientos, los medicamentos, es decir, toda la cobertura incluida en el plan básico.

“En este aspecto se generan controversias y discrepancias, porque chocan intereses. El proveedor quiere un precio, y las ARS solo pueden pagar hasta un tope del precio; esto los obliga a tener contratos de gestión o contratación de servicios. Esa situación se da permanentemente”.

Sostuvo que la incomprensión o el desconocimiento de cómo funcionan las cosas, casi siempre de parte del proveedor, “no le permite entender que la ARS es una entidad que recibe un ingreso fijo, un per cápita o prima mensual que ellos no se pueden asignar a sí mismos. El sistema le dice esta es la cápita y este es el paquete de beneficios”.

¿Qué significa esto? Que a las ARS se les dice cuál es el precio y cuál es el paquete preestablecido por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). La Superintendencia, en estos casos, solamente sugiere, recomienda la cápita y el paquete. El CNSS es, en definitiva, el que tiene la facultad de aprobar una cosa y la otra.

“Sin embargo, en nuestro sistema las PSS tienen la libertad, y la utilizan a veces de manera abusiva, por el poder discrecional que tienen en la oferta del servicio; o sea, su precio no está limitado, y debiera estar limitado”.

Para Caamaño, urge que la ley 87-01, en su eventual modificación, asigne mayor poder a la SISALRIL o al Ministerio de Salud Pública para que no se abuse de los precios. “Pero las normativas vigentes no nos permiten llegar tan lejos”.

¿Deben desaparecer las ARS? Arismendi Díaz Santana, consultor en seguridad internacional y especialista en seguridad social, publicó un reciente artículo en su portal, en que observó los siguientes aspectos sobre las ARS.

Las ARS representan a millones de afiliados para contratar mejores servicios y tarifas, evitar fraudes y excesos y velar por el equilibrio financiero del Plan Básico de Salud.

Si las ARS desaparecieran, millones de afiliados quedarían sin representación, totalmente dispersos, desinformados y desorientados, enfrentándose solos a una relación desigual y asimétrica con las PSS, quedando éstas en total libertad de imponer sus intereses, sin ningún contrapeso.

Desaparecerían las economías de escala, así como la detección de fraudes y excesos, por lo que el costo del cuidado de la salud crecería más rápidamente, convirtiendo al sistema de salud en más excluyente, estratificado y unilateral.

Pero, además, ¿quién le pagaría a las PSS? ¿Quién negociaría con ellas las tarifas?, ¿Quién asumiría la administración del riesgo de salud? Y ¿quién evitaría los abusos y excesos? ¿Cuáles serían las oportunidades de un afiliado aislado al reclamar a una PSS? Si se eliminan las ARS, o si éstas desnaturalizan la función que le asignó la ley 87-01, desaparecería el cuidado de la salud como un derecho real y la posibilidad de lograr seguridad social para todos”.

No deben desaparecer las ARS. En torno a la inquietud de Díaz Santana, el Superintendentede de SISALRIL, Caamaño, quien es amigo personal de Díaz Santana, opinó lo siguiente:  “Las ARS no tienen por que desaparecer. Pero si no se aplican las medidas antes mencionadas sucederá irremediablemente, tanto para ARS privadas como públicas.

Si se carga todo el sistema sobre los hombros del sector público, la situación podría tornarse caótica, grave diría yo; porque su forma y manera de gestionar el riesgo es más flexible que la forma de operar de las privadas. Por eso se observa menos números rojos del lado de las ARS privadas que de las públicas. La naturaleza y razón de ser de las públicas las hacen más susceptibles a la presión política, mediática o de grupos de intereses.

Una eventual desaparición de las ARS, se traduciría en que el sector cotizante tendría que enfrentar presiones y demandas cada vez mayores de recursos financieros, por tanto, mayores porcentajes de cotización y aportes que nuestra economía no soportaría de modo alguno.

En un país dónde lo que más necesitamos es generar empleos, si se encarecen los costos operacionales de los empleadores a niveles como los que advertimos, solo tendremos más desempleo. Una seguridad social enteramente dependiente de los ingresos fiscales, lo que a su vez se fundamentaría en más y mayores tasas impositivas, a nuestro juicio, sería contraproducente para toda la economía.

Hay que tomar en cuenta que más desempleo se traduciría en agrandar el régimen subsidiado con más pobres, y en consecuencia tendríamos una situación más calamitosa en todos los sentidos.

A finales de este año las ARS habrán canalizado al sector salud de la nación unos RD$44,000 millones de pesos, de los cuales solo un 10% procede de recursos fiscales, el resto lo aporta el Régimen Contributivo de la Seguridad Social y de las primas que éstas cobran por sus planes comercializados de manera privada. Estas entidades intermediarias y administradoras de los riesgos de salud en el país desempeñan un rol que va más allá del que le asigna nominalmente la Ley 87-01, y es, entre otros, la capacidad de darle mayor racionalidad al gasto en salud.