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Fidel Santana, diputado del Frente Amplio. ARCHIVO
El diputado Fidel Santana, del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), dijo que lo penoso de la corrupción que envuelve miles de millones de pesos revelado en la auditoría a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), es que no tiene consecuencia.
«Esos levantamientos técnicos terminan engavetados en el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la República; y no termina nadie procesado», expresó Santana al ser consultado sobre los gastos millonarios que hacía la pasada dirección de la OMSA, encabezada por Manuel Rivas.
Mientras que Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), aprovechó el escándalo para advertir que la Ley de Contrataciones Públicas no cumple ninguna función.
«Esa Ley no sirve. Hay que transformar el sistema de compras y contrataciones. Y lo otro es, que uno espera que en esta ocasión, los responsables de ese desorden, que era un grupo de travieso que había ahí, sean sometidos a la justicia por corrupción», enfatizó.
Manuel Antonio Rivas, ex director de la OMSA.
La Cámara de Cuentas reveló una serie de irregularidades en la auditoría practicada a la OMSA, a raíz la petición hecha por la Procuraduría tras el asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez Ferreras.
Según trascendió, Rivas, quien se encuentra guardando prisión preventiva por el caso del asesinado de Ramírez, firmó un conjunto de procedimientos de urgencias para realizar el pago de más de 145,654 millones de pesos a nueve empresas.
Además, señala al empresario Eddy Santana Zorrilla, quien presuntamente fue el intermediario para entregar el soborno al asesinado abogado, como uno de los principales beneficiarios del entramado de corrupción, a través de sus empresas Tech solution E.K.R, SRL y Grupo Martisdom, SRL.
Otras informaciones que han trascendido sobre los documentos que sustentan la auditoría son los pagos sin «contratos» a más de 50 proveedores de servicios realizados por Rivas, los que ascienden a un monto superior a los 3 mil millones de pesos.
«Esto evidencia las debilidades de los órganos de control, porque la Contraloría General de la República tiene la responsabilidad del control interno», expresó Carlos Pimentel, director ejecutivo del Participación Ciudadana.
En tanto que el activista del movimiento Marcha Verde Jhonatan Liriano , dijo que frente a este hecho, lo que más beneficiaría al pueblo dominicano es que ese dinero se recupere. «Que la casa que compraron los delincuentes técnicos políticos y funcionarios, se las quiten», insistió.
