Dos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) han expresado, mediante sentencias recientes, su preocupación en torno a la figura del archivo provisional de expedientes, la cual aseguran coloca en una especie de “limbo jurídico” a los imputados.

Los magistrados Esther Agelán Casasnovas y Juan Hiroíto Reyes coincidieron al criticar el archivo provisional, que está contemplado en el artículo 281 del Código Procesal Penal, al actuar en calidad de jueces de la instrucción especial para conocer objeciones a autos de archivos del Departamento  de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA).

Agelán Casasnovas consideró que la legislación que regula el archivo provisional revela la existencia de “lagunas”,  dejando  la investigación en un “limbo procesal”, en que  las partes no saben con precisión  su situación procesal.