POR TANIA HIDALGO
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Román Hiciano Berroa, fijó para el tres de agosto próximo la solicitud de imposición de medidas de coerción, consistente en una fianza de cien millones de pesos e impedimento de salida del país, al ex presidente del Banco del Progreso, Pedro Castillo, acusado de un presunto fraude de RD$14 mil millones en perjuicio de la entidad bancaria.

Hiciano Berroa fijó la vista luego de ser apoderado de la petición, a través de la oficina coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

El ministerio público pidió además que se ordene la presentación periódica del ex ejecutivo bancario por ante los fiscales adjuntos, encargados de la investigación Francisco José Polanco y Luis Alberto González.

Las autoridades dicen tener pruebas de que Castillo incurrió en los delitos de robo asalariado, estafa, abuso de confianza, lavado de activos provenientes de actos ilícitos y distribución de dividendos ficticios, así como de violar las normas para la emisión de valores y del funcionamiento de las instituciones establecidas en el mercado financiero.

El consejo de directores del Banco del Progreso presentó una querella ante la Fiscalía contra Pedro Castillo, en la que figuran además como presuntos terceros civilmente responsables las empresas Carlow Ventures, Linx Aviation, Gaviota del Sol, Tenedora Pelícano, Palmyra S.A., Inmoviliaria Mercas, Olmist, Sociedad Costera Castiplan, Runskin y Oakhill Ventures.

Los abogados del Banco el Progreso habían solicitado medidas de coerción contra el ejecutivo bancario, pero esto luego no prosperó.

A raíz de esta querella, Pedro Castillo presentó una demanda  contra los miembros del consejo de directores de la entidad bancaria, bajo la acusación de robo, asociación de malhechores, violación a la Constitución de la República y la Convención Americana de los Derechos Humanos.