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POR TANIA HIDALGO
La jueza Natividad Ramona de los Santos, del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para el próximo 2 de enero el juicio preliminar contra el ex procurador general Víctor Céspedes Martínez y otros ex empleados de esa dependencia, acusados de timar a reclusas con la promesa de gestionarle indultos o excarcelaciones.
Además de Céspedes Martínez en el expediente están la ex alcaidesa de Najayo, Oneida Acevedo, así como Luis Uribe, Ramón Ogando Alcántara, Elizabeth Pérez Sánchez y María Marisol García.
El grupo está acusado de soborno, de prevaricación, asociación de malhechores y estafa.
El fiscal José Manuel Hernández informó que tras un año de investigación la Fiscalía obtuvo pruebas documentales y testimoniales para avalar su acusación.
Las pruebas que poseemos nos permiten identificar que el señor Céspedes, cuando se desempeñaba como procurador, cometió estos crímenes, refirió el fiscal.
En septiembre del año pasado, cinco reclusas de la cárcel de Najayo denunciaron que fueron estafadas con más de dos millones de pesos por la ex alcaidesa de ese recinto Oneida Acevedo y otros ex empleados de la Procuraduría General de la República, quienes se comprometieron gestionarles indultos o excarcelaciones.
En esa ocasión, las reclusas Carmen Ivelise González Acosta, Justina Jacqueline Ayala Taveras, Malyori Mira, Elizabeth Concepción y Mélida Herrera Salazar afirmaron que entregaron a la ex alcaidesa sumas que oscilaban entre RD$40,000 y RD$500,000, US$8,000 y US$10,000, y 10,000 euros para ser favorecidas con su libertad.
Asimismo, dijeron que otras presas entregaron sumas de hasta RD$20,000 y RD$50,000.
La colombiana Malyori Mira, quien llevaba un año y ocho meses presa acusada de violar la ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, manifestó que pagó a la ex funcionaria US$10,000 más RD$50,000 a cambio de tramitarle la libertad y enviarla a su país.
El juez interino del primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Román Hiciano Berroa, dispuso un impedimento de salida del país durante cuatro meses a los imputados.
