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POR TANIA HIDALGO
El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijo ayer para el próximo 10 de marzo la audiencia para conocer el pedimento de medidas de coerción contra el ex presidente del Consejo Directivo del Grupo del Progreso, Pedro Castillo, consistente en prisión preventiva, la presentación de una garantía económica.
Los abogados del Grupo Progreso, doctores Abel Rodríguez del Orbe, Francisco Alvarez Valdez, Roberto Rizik Cabral, Olivo Andrés Rodríguez, Tomás Hernández y Julio César Camejo Castillo, aspiran a que la garantía económica fijada sea
equivalente al monto del perjuicio ocasionado hasta ahora a los querellantes, es decir, de 14 mil millones de pesos.
Solicitaron, además, que contra Castillo, sea colocado impedimento de salida del país y que se presente ante las autoridades competentes con la periodicidad que se estime conveniente.
Además del Grupo Progreso, los abogados, el Banco Dominicano del Progreso, Caribbean Card System, BDP International Finance Corporation, Credicobros, Roberto Bonetti Guerra, Bernadt Ladurner, José Diez Cabral, Juan Bautista Vicini, Miguel Barletta, Rafael Perelló y Andrés Gustavo Pastoriza.
Entre los pedimentos, figura también, la inscripción de hipoteca judicial hasta el equivalente en moneda nacional de RD$11,000,000,000 de los bienes inmuebles de Castillo, así como de aquellos cuya titularidad formal figure a nombre de las sociedades Carlow Ventures, Inc, Lin Aviation, Gaviota del Sol, Tenedora Pelicano, Palmyra, Inmobiliaria Mercas, Olmist, Sociedad Costera Castiplan, Runskin y Oakhill Ventures, S.A., terceros civilmente demandados, a los fines de garantizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Los abogados solicitaron además que se ordene el embargo retentivo y la intransferibilidad de las acciones y demás activos financieros que figuren a nombre del imputado y de las compañías de su propiedad.
La solicitud de medidas de coerción fue remitida al juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Alfredo Ríos Fabián, quien fijo el caso para el día 10 de marzo.
Los abogados del Progreso habían presentado por ante la fiscalía del Distrito Nacional un expediente contra Castillo, en el que lo acusan de incurrir en una serie de operaciones fraudulentas, a través de las cuales habría utilizado y malversado para su exclusivo provecho o el de sus empresas más de 14 mil millones de pesos.
El fiscal Francisco Polanco, quien está apoderado de la querella, en las próximas horas empezará a llamar a los acusados para interrogarlos.
De acuerdo con el expediente presentado por ante el fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, entre los años 1998 y 2005, Castillo sustrajo fraudulentamente de las cuentas bancarias abiertas por el Banco Dominicano del Progreso, Banco Múltiple y Caribbean Card Systems en el Coutts International Bank la suma de nueve millones ochocientos treinta y seis mil ochocientos veintiocho dólares, básicamente mediante transferencias de fondos a cuentas personales o a cuentas de compañías de su propiedad o de proveedores de servicios prestados en su provecho.
Según la acusación, Castillo suministró informaciones falsas a los miembros del consejo de directores, a los accionistas, a las autoridades monetarias financieras y al público en general, sobre la situación real de los ingresos, activos y pasivos del Banco Dominicano del Progreso- Banco Múltiple, ocultando la situación real de dicha entidad financiera.
En ese sentido, durante el período comprendido entre el año 2001 y hasta octubre de 2005 fueron registrados en la contabilidad del banco aproximadamente tres mil quinientos millones de pesos en ingresos no reales.
Estos registros tenían por objetivo presentar utilidades en los estados financieros del banco cuando en realidad estaba experimentando pérdidas.
Según se hace constar en el sometimiento, el ejecutivo bancario adquirió en septiembre de 2001 una lancha marca Bertram a un costo de un millón trescientos mil dólares con recursos del Banco del Progreso.
Asimismo, Castillo, según los demandantes, distrajo aproximadamente 37 millones de pesos a través de la caja chica asignada y aprobada por él mismo para la presidencia ejecutiva del Banco del Progreso sin contar con poder ni autorización para ello.
