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POR TANIA HIDALGO
La jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Rosanna Vásquez, fijó para el 15 de mayo próximo el juicio preliminar contra el ex presidente del Banco del Progreso, Pedro Castillo, acusado de un desfalco en esa entidad bancaria por más de 14,000 millones de pesos.
Vásquez fue apoderada del caso luego de que la fiscalìa presentara formal acusación en contra del ex ejecutivo bancario.
Los fiscales adjuntos Francisco Polanco, Luis Gonzàlez y Ninoska Cossío, quienes llevaron a cabo las investigaciones por disposición del fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, solicitan al tribunal que se mantengan las medidas de coerción impuestas a Castillo consistentes en impedimento de salida del país y una garantía económica de dos millones de pesos.
Previamente, la jueza Vásquez deberá decidir sobre un planteamiento hecho por los abogados de Castillo en torno a que se declare extinguida la acción penal y se ordene el archivo de la querella, toda vez que se había vencido un plazo de diez días que el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Román Hiciano Berroa, otorgó a los fiscales para que presenten acusación.
En la instancia de sometimiento de 136 páginas, los fiscales adjuntos piden al tribunal acoger cada uno de los elementos de pruebas presentados en la acusación y, en consecuencia, se ordene la apertura a juicio en contra del imputado para que sea juzgado y reciba la sanción correspondiente.
El Ministerio Pùblico inició las pesquisas del caso luego de que en febrero de 2006, los ejecutivos del Banco del Progreso se querellaron en contra de Castillo, a quien acusan de alegadamente suministrar informaciones falsas a los miembros del consejo de directores, a los accionistas, y a las autoridades monetarias y financieras, así como al público en general, con relación a los ingresos, activos y pasivos, de esa entidad.
Además lo acusan de gestar la distribución de dividendos ficticios entre los accionistas del banco, durante los años 2001-2004, y de sustraer, a través de transferencias y cheques, fondos propiedad de esa entidad financiera que fueron utilizados presuntamente por el imputado para pagar servicios personales, a familiares, vinculados o relacionados, y para adquirir bienes o activos a su nombre o a nombre de varias empresas controladas por él.
El Grupo del Progreso reclama la reparación de daños y perjuicios por 12 mil millones de pesos.
De acuerdo a Francisco Alvarez, abogado de la parte civil constituida, este monto no incluye los valores sustraídos por Castillo a través de transferencias y cheques contra cuentas bancarias en el extranjero, las cuales, dijo, están siendo reclamadas a través de varias acciones judiciales en La Florida y Colorado.
Los abogados que representan a Castillo son Jorge Lora Castillo, Radhamés y Paula Cornielle. Al Grupo Progreso lo representan, además de Álvarez Valdez, Abel Rodríguez del Orbe, Roberto Rizik Cabral, Olivo Rodríguez, Julio César Camejo, Francisco Álvarez Aquino y Tomás Hernández Metz.
