Fijaron recurso Gómez

Fijaron recurso Gómez

POR TANIA HIDALGO
La  Jueza de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Katia Miguelina Jiménez, fijó para hoy a las 9:00 el conocimiento del recurso de objeción interpuesto por el periodista Guillermo Gómez en contra de la decisión del Procurador General de la Corte de Apelación, Juan Cedano Santana, de archivar la querella que presentara el comunicador por presunto abuso de autoridad en perjuicio del fiscal José Manuel Hernández Peguero.

La magistrada fue designada para conocer del caso por el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante auto No. 87-G-2006, de fecha 23 de febrero de 2006.

Hernández Peguero deberá comparecer por ante el tribunal de segunda instancia a las 9:00 de la mañana.

Atendiendo al privilegio de jurisdicción que le corresponde al procurador fiscal fue necesario designar a un juez de la Corte de Apelación que fungirá como juez de la instrucción especial en dicho caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 379 del Código procesal Penal.

En la querella interpuesta por Guillermo Gómez se acusa al fiscal de perseguirlo por tercera ocasión por el mismo hecho de lavado de activos.

En tanto, el periodista y comunicador, a través de su abogado, Carlos Balcácer, interpuso ayer un recurso de apelación por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación en contra  de las medidas de coerción impuestas a su cliente por la jueza del Quinto Juzgado de la Instrucción, Natividad Ramona de los Santos.

La jueza ordenó que fuesen congeladas las cuentas del comunicador ascendente a 10 millones de dólares y que pasaran a una  cuenta especial a nombre de la Procuraduría General de la República.

Asimismo, se le impuso el pago de una garantía económica e impedimento de salida del país.

La audiencia fue fijada, luego de que la fiscalía del Distrito Nacional solicitara medidas de coerción en su contra, tras iniciar una investigación por lavado de activos.

Las pesquisas fueron iniciadas por el Ministerio Público, a raíz de una denuncia presentada por el abogado Norberto Rondón, en el sentido de que el periodista tenía 15 certificados de  inversión en el Banco Intercontinental (BANINTER) por un valor ascendente a 10 millones de dólares.

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