BOGOTÁ— María Victoria Guarín fue una asesora clave en el mayor proyecto de transporte de la historia de Colombia: una autovía de 1.000 kilómetros (620 millas) a través de una zona montañosa para conectar la capital, Bogotá, con los transitados puertos del Caribe.

Como asesora de inversiones de una entidad perteneciente al Banco Mundial, su trabajo era ayudar al gobierno a establecer los términos para una licitación competitiva de los contratistas. Resultó que también estaba casada con un alto ejecutivo de una de las empresas que ganó parte del contrato que ella ayudó a supervisar.

Ese aparente conflicto de intereses ha implicado ahora a la institución en el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica, como se reveló en un reporte publicado el año pasado por la agencia antimonopolio de Colombia que pasó casi desapercibido.

El conglomerado Grupo Aval, que emplea al esposo de Guarín, se asoció con Odebrecht, el gigante de la construcción brasileño que admitió haber pagado 6,5 millones de dólares en sobornos para ganar el contrato, uno de las docenas de proyecto que reconoció haber conseguido gracias a pagos ilegales.

El escándalo salpicó a los políticos de la región y provocó la entrada en prisión de decenas de mandatarios de alto nivel. Pero el papel del Banco Mundial como asesor gubernamental durante el auge de los proyectos de infraestructuras movidos por sobornos en las últimas décadas ha recibido mucha menos atención.

Se supone que la filial del sector privado del Banco Mundial, conocida como Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), reduce la pobreza en el mundo en desarrollo a través de la promoción de la inversión privada.

En una demanda administrativa antimonopolio presentada en septiembre contra Guarín y varias personas más, la IFC está acusada de no actuar ante el posible conflicto de intereses de Guarín durante cerca de dos años, incluso cuando supuestamente decantó el proceso de licitación de parte del contrato de 2.600 millones de dólares en favor de la empresa para la que trabajaba su esposo.

Su pareja, Diego Solano, que también estuvo implicado, funge ahora como director financiero de una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Si los cargos civiles por beneficiarse de un conflicto de interés y contactos inapropiados se mantienen, Guarín podría enfrentar una sanción económica de hasta un millón de dólares. En el caso de Aval y sus subsidiarias, la multa podría ascender a 150 millones.