Al vicepresidente de la CDEEE, Celso Marranzini, se le ha visto muy esforzado en la tarea de romper con una cultura de no pago por la energía que ha estado enraizada entre los dominicanos desde los tiempos de la tiranía de Rafael Trujillo. Y un rasgo positivo es que su esfuerzo por cobrar la electricidad servida no se limita a los usuarios de bajo consumo, sino que incluye a quienes tienen mucho poder económico.

Su revelación de que diez torres de la avenida Anacaona están bajo investigación porque algunos de sus costosísimos apartamentos apenas pagan 500 pesos mensuales por uso de electricidad, parece marcar la tónica de su lucha contra el fraude energético. Está claramente demostrado que en el país las evasiones más cuantiosas del pago de energía se cometen en los sectores de alto poder económico y por tanto de alto consumo de energía.

El uso fraudulento de la electricidad está entre las principales causas de pérdida en este servicio. La alta evasión es uno de los grandes obstáculos que dificultan la eliminación de las deficiencias en el suministro. La aplicación de una política permanente de persecución del fraude con pago de consecuencias para quienes resulten responsables de dedicarse a esta práctica, permitiría ir desmontando una cultura de no pago que ya debe llegar a su fin.

Aterradora tasa de impunidad

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Francisco Domínguez Brito, afirma que en el país quedan impunes  el 90% de los asesinatos planificados y que el índice es aún mayor en lo que respecta a casos de sicariato. Por el hecho de haber sido un meritorio procurador fiscal del Distrito Nacional,  este legislador está facultado para hablar de esta materia asociada  con los altos índices de criminalidad y de  reincidencia criminal, que permite a algunas personas acumular largos prontuarios de delitos y múltiples ingresos a la cárcel sin recibir la condena merecida.

Es necesario reflexionar sobre tan grave problema.  ¿Cuáles son los factores estimulantes de esta situación? ¿Falta de voluntad para hacer cumplir las leyes? ¿Acaso debilidad o falta de adecuación de los códigos a la realidad social del país? ¿Falta de enfoque realista sobre las causas que generan violencia y delincuencia? Sin duda hay que dedicarle especial atención a estos problemas.