El cantante Tekashi 6ix9ine salió este viernes de prisión, tras pagar la fianza interpuesta por la jueza Fátima Veloz de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

A su salida, el artista agradeció a Dios, a sus abogados, a su pareja Yailin, sus familiares y el apoyo que le brindo República Dominicana, «pese a saber que le estaban haciendo una maldad», dijo.

Ministerio Público apelará

El Ministerio Público informó este jueves que apelará las medidas de coerción impuestas por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, al rapero estadounidense Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi o 6ix9ine, quien es implicado en hechos de violencia de género e intrafamiliar.

La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dijo que procederán con la apelación de la decisión porque se realizó una aplicación errónea de la norma y el peligro que corre la víctima al no imponérsele la medida privativa de libertad que solicitó el Ministerio Público por los hechos cometidos contra su pareja, la también cantante urbana Jorgina Guillermo Díaz, conocida como Yailín La Más Viral, y su madre Wanda Díaz Núñez.

Indicó que la juez vulneró el derecho de la víctima, la señora Wanda Díaz Núñez de ser escuchada.

“Ella (la señora Wanda Díaz Núñez) presentó una constancia médica de que no podía estar presente y, solicitamos en virtud de este reglamento que se escuchara por la herramienta electrónica que el tribunal considerara pertinente y no lo acogió (la jueza), vulnerando el derecho de la víctima”, explicó la fiscal Ramos.

Dijo que la jueza también permitió que abogados que, por disposición de la ley, no podían tener participación, lo hicieran de manera activa, demostrando una vulneración a los derechos de las partes.

Además, dijo que ignoró la prueba de la llamada que realizó la señora Yailín al 9-1-1 pidiendo ayuda y que ignoró el peligro de fuga al ser Tekashi extranjero.

La fiscal Ramos también indicó que se ignoró la prueba aportada de un celular que se le ocupó al señor Tekashi en la celda, con el cual estaba amedrentando a los testigos y obstaculizando la investigación.

“Con esta libertad, la juez pone en peligro a la bebé de 10 meses de la víctima, a Yailín y a doña Wanda, así como a todos los testigos del proceso”, manifestó la representante del Ministerio Público.

El Ministerio Público recordó que la Ley No. 339-22 establece que “Excepcionalmente, en razón de la vulnerabilidad y los efectos de la revictimización de que son objeto las personas en casos de delitos sexuales, violencia intrafamiliar y de género, el juez o tribunal apoderado, podrá disponer a petición de la parte, por resolución motivada, la participación virtual de la víctima”.

La jueza Fátima Veloz impuso a Tekashi la presentación de una garantía económica de 30 mil pesos, en la modalidad de efectivo; impedimento de salida del país, presentación periódica los días 30 cada dos meses por ante el Ministerio Público investigador y la obligación de someterse a la vigilancia y cuidado del Centro Conductual para la Desarticulación de la Personalidad Violenta y asistir a las charlas que imparte dicho centro.

Veloz también emitió una orden de protección recíproca a favor de las víctimas, donde se le prohíbe a Tekashi molestar, intimidar, asediar, hostigar o amenazarlas por cualquier vía, ya sea en persona, por teléfono, por mensajes de textos o de WhatsApp o cualquier otra aplicación similar, video llamadas, redes sociales o por intermedio de terceras personas.

Según la investigación del Ministerio Público, el imputado ha ejercido violencia verbal, física y psicológica contra las víctimas.

La titular de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género, Ana Andrea Villa Camacho, dijo en el proceso que solicitaron la medida de coerción privativa de libertad por tratarse de un delito especial como es la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar.

El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a la Ley 24-97, artículos 309-1 y 309-2.

Daniel Hernández fue arrestado el pasado miércoles 17 de enero, bajo la orden judicial número 0273-2023, emitida por la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.