Es mucho lo que se hablará y escribirá, de aquí en adelante, sobre el sorpresivo anuncio del Gobierno de que solicitó a la OEA que haga una “auditoría-investigación” que arroje luz sobre lo que pasó con el sistema del voto automatizado que dio lugar a la suspensión de las elecciones municipales, empezando por las razones, más allá de la explicación  contenida  en el comunicado  de la Presidencia, para tomar esa decisión, la más evidente de las cuales apunta a tratar de desactivar  las protestas contra la JCE y el propio Gobierno, que al día de ayer se habían extendido a 30 ciudades y contando. El anuncio recibió de inmediato la  aquiescencia de los principales partidos de oposición, y se puede apostar a que igualmente hará  el órgano electoral, que por estar en falta no tiene muchas  opciones; pero no puede decirse lo mismo de   los jóvenes  que protestan en calles y plazas de todo el país, a los que no será fácil convencer de que no es otra maniobra más de un Gobierno en el que han dejado de  creer y  confiar. Los días por venir dirán. En ese comunicado  también se anunció que para facilitar el trabajo de la OEA se solicitó al Ministerio Público la suspensión de la investigación que realiza,  lo que puso fin al calvario del coronel de la Policía Ramón Antonio Guzmán Peralta y el empleado de la telefónica Claro Manuel Regalado (ayer mismo fueron dejados  en libertad pura y simple y un “perdonen las molestias”), quienes se chuparon cuatro días presos por haber expresado en un chat que tenían conocimiento  de que miembros de un organismo de inteligencia del Estado trataron de ingresar   a las instalaciones de la Junta. Esa  “solicitud”  le proporciona al Ministerio Público una salida que, si bien no es  honrosa, al menos le permite poner fin al triste papel desempeñado en este caso; y lo mismo puede decirse de la Policía, que lo “auxilió” en esa monumental chapuza que a no pocos recordó los mejores tiempos  de nuestras peores dictaduras.