LA PAZ, (AFP) – Con un acuerdo de reorganización de la Policía boliviana concluyó la noche del viernes una protesta por mejores salarios de los agentes policiales, mientras seguía latente un conflicto de los maestros de La Paz y Tarija contra un proyecto de reforma educativa del presidente Evo Morales.

El comandante de la Policía, general Isaac Pimentel, comunicó tras casi seis horas de reunión con sus subalternos que se alcanzó un compromiso compartido para mejorar los niveles salariales de los policías de menor rango.

El acuerdo contempla la formación de comisiones de trabajo donde participen desde jefes hasta policías rasos “para la elaboración y presentación del proyecto de reordenamiento administrativo de la escala salarial de la institución policial que permita una mejor asignación económica a todo el personal”.

El entendimiento, que incluye otras concesiones de caracter social, fue adoptado luego que el gobierno rechazó anticipadamente la posibilidad de un reajuste de salarios debido a la precaria situación económica del país.

La protesta, que convocó a los agentes de bajo rango en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Sucre y Oruro, se complicó luego de la decisión del gobierno de no reunirse con los disconformes y de anunciar que no dará brazo a torcer en el tema de los reajustes salariales.

La reunión se llevó a cabo únicamente entre uniformados.

La situación tendió a caldearse cuando en base a informes erróneos la ministra de Gobierno (Interior), Alicia Muñoz, deploró fuertemente un supuesto retiro de la guardia policial de centros neurálgicos como el Palacio de Gobierno.

“Me he informado que se había retirado la seguridad de Plaza Murillo y Palacio. Obviamente vengo a verificar personalmente de que esto no es así y estoy felicitando acá a los efectivos por su trabajo, su permanencia”, rectificó la ministra, que confirmó en persona la presencia policial.

Las tareas de patrullaje y seguridad mantuvieron también normalidad en calles y avenidas.

Muñoz y su par de Hacienda, Luis Alberto Arce, desestimaron de plano la posibilidad de reajustes salariales, mientras que el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, deslizó la eventualidad de que la protesta esconda otros motivos distintos a los expuestos por inconformes.

“Esperamos que por detrás de este movimiento no existan otros móviles políticos, móviles de conspiración”, dijo Rada.

Muñoz, a cuyo cargo se encuentra la institución policial, acusó al partido opositor Podemos, del ex presidente derechista Jorge Quiroga, de promover el conflicto.

Al cabo de la extensa reunión se dejó sentado que el movimiento de protesta no tuvo ribetes de caracter político, como se especulaba desde el gobierno.

El vicepresidente Alvaro García Linera declaró antes de la solución del conflicto -en consonancia con el titular de Hacienda- que “consideramos que la huelga y la presión es injusta; Policía y FFAA han tenido un incremento notable del 3%, cosa que no se había dado en los últimos años”.

La reivindicación se circunscribió sólo a los agentes de tropa de las entidades departamentales, que reúnen a unos 24.000 miembros en todo el país, y cuyas retribuciones mensuales bordean en muchos casos un equivalente a 150 dólares.

Otro frente de conflicto estalló en tanto en La Paz y Tarija donde los maestros cumplen una huelga de 24 y 48 horas respectivamente y realizaron marchas callejeras en protesta contra una reforma educativa y en demanda de la renuncia del ministro del sector, Félix Patzi, impulsor de los cambios.

Patzi anunció sanciones a los docentes en huelga y acusó a una corriente trotskysta, que hace dos décadas domina el magisterio de La Paz, de atizar el conflicto.

El magisterio y las universidades estatales abandonaron recientemente un Congreso Nacional del Magisterio aduciendo discrepancias con el gobierno, cuyo plan de democratización de la educación contiene reformas al currículo.