Juan Carlos Mejía Aquino 
Los presidentes de las organizaciones coincidieron por separado, que los empleados no deben ser obligados a vacunarse.
Los empleados públicos y privados no pueden ser obligados por sus patrones a administrarse la vacuna contra el COVID-19, como han señalado algunos sectores, sino educados y motivados para que lo hagan de manera voluntaria.
Así lo establecieron por separado Rafael -Pepe- Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS); Trajano Potentini, de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), y Fidel Lorenzo, de la Fundación Equidad Justicia Social (Fejus), al ser abordado sobre el tema.
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«Los empleadores no puedan, en ningún momento, exigir como condición previa a un empleado, que tenga que proceder a vacunarse. Sí debe el empleador educar a sus trabajadores, facilitar con los permisos la vacunación», expuso Pepe Abrero.
En tanto que Potentini enfatizó que el Gobierno no cuenta en la actualidad con dosis suficientes de vacunas, llegando incluso a plantear la paralización de la inoculación a la población, y dejando espacio únicamente para los que necesiten la segunda dosis.
«Entonces parecería contraproducente que bajo esta circunstancia se pueda obligar a empleado alguno a que tenga que ir vacunado, porque definitivamente que sería desproporcionado ese planteamiento, máxime ante la imposibilidad de tener una vacuna» puntualizó.
Mientras que Lorenzo aseguró que tanto en el sector público como en el privado se están violando los derechos de las personas en ese sentido, y advirtió que si los ciudadanos afectados hacen uso de sus derechos en los tribunales, las empresas tendrán que destinar importantes recursos en su favor por concepto de demandas.
«No se puede obligar a ningún ciudadano dominicano a vacunarse, y sépanlo todo aquello que lo están haciendo», dijo.
Inconstitucional. Al ser preguntado sobre la aprobada resolución de la autoría del senador Dionis Sánchez, la cual solicita la prohibición de la entrada a lugares públicos y privados a personas que no se hayan vacunado contra el COVID-19, el también pastor evangélico dijo que la misma es inconstitucional.
«Yo realmente no sé que busca el Senado y un senador, supuestamente de la oposición, insistiendo con que se restrinja a los dominicanos de sus derecho. La Constitución es clara y establece que los convenios internacionales adquieren la categoría de constitucional y nosotros somos signatarios de convenios que establece la no obligatoriedad para ningún tratamiento médico, y eso incluye la vacuna», dijo.
Al respecto, Potentini aclaró que lo que han puesto de manifiesto de manera unilateral los senadores con la resolución, es una exhortación o un sentimiento interno del Senado, sin que esto sea extensivo a todo el país o tenga un carácter
