Desde el nacimiento del estado moderno, los reformistas sociales han tratado de controlar el juego, la prostitución y el uso del alcohol, el tabaco y otras drogas recreativas.

Ellos han argumentado que los que se comprometen en estas actividades realmente no han tomado una libre decisión, ellos son adictos o lo han hecho por coacción. O, si es que han tomado la decisión, es a causa de la ignorancia de sus propios mejores intereses. Su indulgencia daña a los que emplea o a los que los aman, y la calidad de vida de todo el mundo es mermada.

Muchas personas que no son fanáticas puritanas, incluso muchas que se dedican a estas actividades, están de acuerdo con dichas afirmaciones. En consecuencia, los cruzados a menudo han sido capaces de ganar amplio apoyo.

Pero la legislación para controlar el suministro de productos y servicios para los cuales hay amplia y establecida demanda popular es siempre problemática. El caso paradigmático es la desastrosa historia de prohibición en Estados Unidos (EEUU).

Las restricciones del suministro crean oportunidades de ingreso, y en cada generación hay una clase de empresarios-criminales con capacidad de negocios, pero con poco sentido moral. Los ingresos que resultan pueden corromper los sistemas judiciales políticos y penales, y reducen el temor al castigo hasta bajos niveles. (Para evitar dudas, no estoy hablando aquí de regulación de prensa o de servicios financieros).

Al mismo tiempo, el efecto de la criminalización de las actividades diarias es reducir el respeto general por la ley. Esta es la otra cara de la teoría de las “ventanas rotas” en que la tolerancia del crimen menor ayuda a legitimar ofensas más serias.

Estigmatizar las actividades que muchas personas no consideran como crímenes menores también ayuda a legitimar ofensas más serias.

Todas las consecuencias son evidentes en el fracaso de la “guerra contra las drogas”. Los capos suramericanos amasan fortunas personales, controlan estados virtuales, y socavan la autoridad y la efectividad de los estados legales. A un nivel por debajo de estos barones, encontramos a mucha gente de negocios en los guetos de EEUU y de Europa: Personas cuya empresa admiraríamos si fuera aplicada en otros campos de actividad, pero que usan esta habilidad para destruir las vidas de los que les rodean.

 Las víctimas constituyen un gran porcentaje de la población carcelaria. Algunos están allí por crímenes relacionados con las drogas; otros han cometido delitos menores para pagar los altos precios causados por las restricciones sobre el suministro y la distribución.

La lección relevante no es que la legislación destinada a elevar la moral sea inapropiada. Yo estoy preocupado sólo con la economía de los negocios. La restricción de las empresas por razones morales no es siempre sin éxito, sino que las medidas tienen que ser aplicadas con gran cuidado.

El Acta de Ginebra de 1736, la cual intentaba poner el espíritu fuera del alcance económico de la gente trabajadora, fracasó. Pero la legislación del sucesor, que fomentó el comercio con licencia con respetables productores a través de impuestos y regulación prudentes, fue relativamente efectiva.

Y así ha sido desde entonces: si la legislación moral para controlar los negocios no es cuidadosamente diseñada, y modesta en aspiración, esta puede hacer más daño social que bien.

La regulación efectiva aquí parece mejor lograda si los canales de distribución son controlados a través de un oligopolio regulado, propiedad del estado o como franquicia, y si el sistema político es honesto y fuerte. Así es como Escandinavia y Canadá parecen haber sido relativamente exitosas en implementar las leyes a fines de desmotivar la corrupción pecaminosa.

Todo esto es preliminar a una discusión de los planes, actualmente controversiales en Reino Unido, de imponer un precio mínimo por unidad de alcohol vendida. La intención admirable es reducir el alcoholismo y desalentar el consumo excesivo de alcohol por la gente joven.

Si esta política fuera implementada, incrementaría la cantidad de consumidores que pagan por alcohol por alrededor de £1.5 millardos. Ese ingreso adicional no iría al gobierno (como con un impuesto más alto), sino al sector privado. Los grandes supermercados y productores de bebidas observarían la ley, y harían que incrementaran los ingresos.

Ellos enfrentarían la competencia por estos ingresos provenientes de los productores más pequeños, distribuidores, tanto legales como criminales, por medio de un mercadeo lícito y una subcotización ilícita.

El único resultado cierto es que el comercio será desviado de los canales estrechamente vigilados y regulados (¿alguien recuerda la emergencia de la banca sombra?).

Es difícil seguir siendo realista en un debate ideológico entre ingenieros sociales y libertarios: y plantear preguntas sobre el diseño de políticas a personas que sólo reiteran las declaraciones de propósito moral. Pero necesitamos  intentarlo.

LA CLAVE

Más mal que bien. Si la legislación moral para controlar los negocios no es cuidadosamente diseñada, y modesta en aspiración,  puede hacer más daño  que bien. La regulación efectiva  parece mejor lograda si la distribución es controlada por un oligopolio regulado, del estado o si el sistema político es honesto y fuerte.

Alcalde NY busca mantener tabaco fuera de la vista

Propuesta es último esfuerzo para que dejen de fumar

Escrito por: Shannon Bond

Las tiendas en Nueva York tendrían que mantener los cigarrillos fuera de la vista bajo la legislación propuesta por Michael Bloomberg, en el último esfuerzo del Alcalde para hacer que se deje de fumar.

Bajo la propuesta, los productos de tabaco serían mantenidos en gabinetes, gavetas, debajo del mostrador o detrás de una cortina. Se les permitiría estar visibles sólo durante una compra por parte de un cliente adulto o durante el reabastecimiento.

 La medida ayuda a reducir el uso de cigarrillos entre los jóvenes, dijo Bloomberg.

 “La gente joven es blanco del mercadeo y de la asequibilidad que tienen los cigarrillos, y esta legislación ayudará a prevenir que otra generación se enferme y acorte las expectativas de vida que vienen con el tabaquismo”, dijo.

 La ciudad prohibió fumar en restaurantes y bares en el 2002, y extendió esa restricción en el 2011 hasta los parques y playas públicos.

 Mientras que inicialmente fue controversial, esa medida ha sido ampliamente imitada y ha mostrado resultados en Nueva York, donde la tasa de fumadores entre adultos bajó desde un 21.5 por ciento en el 2002 hasta un 14.8 por ciento  en el 2011.

 Pero los fumadores jóvenes han estado en un 8.5% desde el 2007, dijo Thomas Farley, comisionado de salud, y el tabaquismo sigue siendo la principal causa de muerte evitable en la ciudad.

 Los defensores antitabaquismo aplaudieron la medida. “La legislación prohibiría el despliegue masivo en las tiendas de productos de tabaco que dicen a los niños que el uso de tabaco es normal y aceptable, mientras que intenta que los fumadores traten de renunciar a la compra de más cigarrillos”, dijo Matthew Myers, presidente de la Campaña por Niños Libres de Tabaco.

 La iniciativa de Bloomber le sigue a un obstáculo de la semana pasada hacia la otra parte de su misión para mejorar la salud pública: su lucha contra la obesidad.

 El día antes que la prohibición de bebidas azucaradas entrara en vigor, un juez la bloqueó, alegando que el consejo de salud de la ciudad había sobrepasado su autoridad.
A diferencia de la prohibición de las bebidas carbonatadas, sin embargo, la ley de tabaco propuesta irá antes al Consejo de la ciudad para su consideración.

 Las tiendas aún serán capaces de promocionar los productos del tabaco, dijo el Alcalde. Pero los propietarios de tiendas de conveniencia, donde los cigarrillos están normalmente en los mostradores colocados detrás del cajero, es posible que se opongan a cualquier medida que frene las ventas.

 “Pensamos que es absurdo”, dijo Jim Calvin de la Asociación de Tiendas de Conveniencia de Nueva York. “Tenemos el derecho fundamental de comunicarnos con los clientes en lo relativo a los productos que vendemos en nuestras instalaciones”.