POR HAL WEITZMAN
LIMA.- La Paz no está acostumbrada a recibir huéspedes políticos de alto nivel. Sin embargo, la semana pasada Vicente Fox, el presidente de México, Ernesto Derbez, su ministro de Relaciones Exteriores, y un grupo de industriales mexicanos, pasaron dos días en la capital boliviana con la misión, en las palabras del señor Fox, de «ponerse al día» con el país.

Lo que realmente tentó a los mexicanos a ir al Sur, fue el olor a gas. Bolivia descansa sobre las segundas reservas de gas natural de América del Sur, y México desea incorporar las exportaciones del país andino a su estrategia energética.

El señor Fox y su colega boliviano Carlos Mesa acordaron empezar a elaborar planes de exportar gas boliviano hacia el Norte. Aunque esta medida beneficiaría a ambas economías, el acuerdo fue un ejemplo vivo de la brecha entre la retórica y la realidad en Bolivia. Dista mucho de estar claro si el país andino incluso podrá cumplir con alguno de los acuerdos que ha cerrado hasta el momento para incrementar las exportaciones de gas a vecinos como Argentina y Brasil.

El problema es un amenazador tranque político sobre la muy esperada legislación sobre los hidrocarburos. Después de ocho meses de forcejeos, se esperaba que el Congreso aprobara la ley la semana pasada, lo que impondría un impuesto de 32% a los inversionistas extranjeros en el sector del gas, además de los derechos existentes de 18%, y permitiría alterar los contratos en vigencia.

Esto a enfurecido a las compañías de energía extranjeras, como Petrobras, Repsol, BP y British Gas, que han invertido más de US$3 millardos (_2,3 millardos; £1,6 millardos) en Bolivia. Dicen las compañías que el nuevo impuesto -que no es deducible, y se impone en la boca del pozo- equivale a un «impuesto oculto» que efectivamente confisca 50% de sus ingresos.

Con la aprobación de la legislación, el Congreso echa la papa caliente en el regazo del presidente. «Mesa está acorralado», dice Winston Moore, un analista político en La Paz. «Esto pudiera ser su momento más difícil».

El gas se ha convertido en el centro del debate en Bolivia, provocando una extensa inquietud política. El señor Mesa ofreció abandonar el cargo dos veces en marzo, cuando los manifestantes que intentaban asegurar los incrementos en los niveles de los impuestos paralizaron el país mediante el bloqueo de las carreteras.

Desde entonces se ha mantenido una tregua incómoda entre el gobierno y los movimientos sociales radicales, mientras ambas partes esperan por el Congreso.

El señor Mesa está en un aprieto. Si firma la ley, irritará a los inversionistas de la industria del gas, que amenazaron con llevar al gobierno al arbitraje internacional, congelar la inversión y abandonar algunos yacimientos. Pero si el presidente -quien ha dicho que vetará cualquier legislación que vuelva la industria de gas «inviable»- rechazara respaldar la ley, provocaría la ira de los movimientos sociales que están exigiendo más incrementos en los derechos de explotación, o incluso, la nacionalización absoluta de la industria.

El señor Mesa no puede permitirse desestimar la tensión. Su predecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada fue obligado a abandonar el cargo en 2003, por las protestas contra sus planes de exportar gas a Chile.

Si el señor Mesa veta el proyecto de ley, el Congreso pudiera derrotarlo con una mayoría de dos tercios. Otras opciones serían someter la ley a un tribunal constitucional o no hacer nada, lo que obligaría al Congreso a promulgar por sí mismo la ley.

A partir del momento que el Congreso apruebe la ley, el señor Mesa tiene 10 días para tomar su decisión.

Su fllo lo hará contra un trasfondo de tensiones políticas en aumento por toda la región andina, después del derrocamiento de Lucio Gutiérrez como presidente de Ecuador el mes pasado, en medio de una ola de protestas en las calles.

En su viaje a América del Sur el mes pasado, Condoleeza Rice, la secretaria de Estado de Estados Unidos, señaló a Bolivia y Ecuador como países cuya inestabilidad es «ciertamente problemática» para la región.

La cuestión es si esa inestabilidad asfixiará al señor Mesa antes de que concluya su periodo en 2007. El señor Moore tiene una sensación de estar frente a algo ya visto. «Este gobierno, en efecto, no está gobernando. Ellos tienen los instrumentos ceremoniales, pero ninguna capacidad operacional. Me recuerda los últimos días antes de que Sánchez de Lozada fuera obligado a partir».

VERSION AL ESPAÑOL DE IVAN PEREZ CARRION