POR ANDY WEBB-VIDAL
COLOMBIA.- Si se echa un vistazo a los recuerdos que llenan el estudio de Iván Roberto Duque en una casa en el límite de un poblado remoto del norte de Colombia, pudiera pensar que ha entrado en la guarida de un rebelde comunista.

Ernesto «Che» Guevara y Vladimir Ilich Lenin lo miran desde los cuadros en la pared. Sin embargo, los objetos simbólicos de la habitación no le pertenecen a un rebelde comunista. Al contrario, este es el hogar de «Ernesto Báez», el nombre de guerra del comandante político del ilegal ejército paramilitar de derecha colombiano.

«Políticamente hablando, disto un mundo del Che Guevara. Soy anti-marxista visceral», dice el señor Báez, de 47 años, uniformado y con lentes, en una entrevista al Financial Times. «Pero lo que admiro de Guevara, como en Lenin, es la búsqueda de un ideal, la condición perfecta de la convicción revolucionaria»-

Sin embargo, las tensiones crecientes entre, por una parte, el señor Báez y los ideales de 15,00 colegas paramilitares, y por la otra, los políticos, están amenazando con deshilachar una de las pocas esperanzas de una paz eventual en un país agobiado por la guerra.

El optimismo reinaba cuando el presidente Álvaro Uribe, un líder popular que ha estado en el cargo casi tres años, acordó con iniciar las conversaciones de paz orientadas a desmovilizar las fuerzas Autodefensa Unidas de Colombia (AUC).

Sin embargo hoy la AUC, que está catalogada de organización «terrorista» por Estados Unidos y Europa, advierten que pudieran «regresar a las montañas» porque las negociaciones de paz están cerca del colapso.

El fracaso de las conversaciones pudieran llevar de nuevo a Colombia a niveles de violencia no vistos en varios años, y afectar el impulso del señor Uribe por llevar la paz a Colombia después de 40 años de un conflicto armado interno financiado por el narcotráfico.

«El estancamiento actual plantea quizás la prueba más significativa de la capacidad política del señor Uribe», dice Michael Shaftner, analista principal de Diálogo Inter-americano, un centro de análisis en Washington.

«El tranque central es que los paramilitares no están preparados para aceptar ninguna sanción o riesgo de extradición, mientras que algunos sectores de la comunidad internacional no tolerarán la impunidad».

De unos pocos grupos dispares de «vigilantes» creados por ganaderos y barones de la droga en los años 80, la AUC evolucionó para convertirse hace tres años en un ejército clandestino de 20,000 hombres que combate a las guerrillas de Colombia.

Al igual que las guerrillas izquierdistas, los «paras» de derecha han cometido atrocidades, a veces en conjunción con elementos delincuentes del ejército. Algunos miembros de la AUC fueron entrenados por fuerzas especiales de EEUU.

El optimismo se está disipando rápidamente, mientras los legisladores colombianos, bajo presión de EEUU, intentan afilar más los dientes a un proyecto de ley que ya cuenta con la oposición de los paramilitares. Bajo el llamado proyecto de justicia y paz, los líderes de la AUC que se compruebe son culpables de asesinatos masivos y torturas tendrán que cumplir prisión hasta periodos de ocho años.

«Hay una fuerte sensación de pesimismo», dice el señor Báez. «Después de leer la ley, ni siquiera el más inofensivo o aburrido de los combatientes paramilitares o guerrilleros se va a desmovilizar».

La AUC, que ha desmovilizado unos 5,000 combatientes, dice que las conversaciones con Luis Carlos Restrepo, el comisario de paz, han sido una pérdida de tiempo.

«La ley no contiene nada atractivo, ni incentivo alguno para los grupos armados que han gastado más de 20 años en las montañas», dice el señor Báez. «¿De verdad los políticos creen que esto es un instrumento de paz?».

Sin embargo, en la legislatura esta semana un grupo de legisladores bloqueó un artículo que concede estatus especial a los líderes de la AUC, al protegerlos de la extradición por cargos de narcotráfico, lo cual constituye una observación bien recibida. Los comandantes enfrentarían sanciones muchos más serias por cargos de drogas en EEUU.

La AUC argumenta que la organización se formó para defender a sus miembros de las guerrillas, porque la autoridad del Estado estaba ausente. Pero los críticos del señor Uribe, que quieren una ley más firme parecen estar sacando ventaja. Los analistas están pesimistas con la desmovilización.

«Los paramilitares no quieren entrar en un proceso que, desde su punto de vista, hiciera que se rindieran con poca o ninguna negociación previa», dice Patrick Esteruelas, analista para América Latina de Eurasia Group, una consultoría en Nueva York. «Debemos tomar las declaraciones de los paramilitares por su valor nominal».

Adolfo Paz, de 43, el inspector general de la AUC, indica que el proceso busca que «el objetivo es que los 20,000 combatientes nuestros se desmovilicen a finales de 2005», dice el señor Paz, cuyo nombre real es Diego Murillo, y que es buscado por EEUU por supuestas participación en el tráfico de drogas. «Pero solo será si el derecho político y las condiciones judiciales son las correctas».

VERSION AL ESPAÑOL DE IVAN PEREZ CARRION