POR JOHN AUTHERS
MÉXICO.-El presidente Vicente Fox dio un paso sin precedentes ayer al enviar el presupuesto de México de 2005 de vuelta al Congreso para una revisión, después que las negociaciones con la oposición para encontrar una vía fuera de la disputa constitucional fracasaron el lunes.

El presidente también dejó claro que está preparado, si fuera necesario, para llevar el tema a un fallo constitucional formal de la Suprema Corte, una medida que corre el riesgo de que el presupuesto final no esté aprobado hasta pasada la fecha tope constitucional del 31 de diciembre.

El señor Fox trató de restar importancia a la disputa, al decir que estaba devolviendo el presupuesto “como una forma de continuar el diálogo”. Dijo: “Estas diferencias entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados son un ejemplo más del intenso proceso democrático que está viviendo México; también son una demostración del pluralismo político que caracteriza nuestra sociedad”.

La ley constitucional mexicana sobre las relaciones entre el congreso y el ejecutivo está prácticamente por probar, puesto que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) controló ambas cámaras, sin interrupción durante más de siete décadas, antes de que fuera derrotado por el señor Fox en julio de 2000. Sin embargo, los cambios sugeridos por el presidente pudieran ser derrotados por una mayoría de dos tercios en el Congreso.

El presupuesto original fue aprobado por una mayoría de más de dos tercios en su primera lectura, respaldado por todos los partidos excepto el Partido de Acción Nacional (PAN) del presidente. La disputa tiene que ver con la asignación de 38 millardos de pesos (cerca de US$3,37 millardos, o cerca de 2% del presupuesto total). Estos cambios requirieron fuertes recortes en la oficina del presidente y en el ministerio del interior, y la oficina del fiscal general, ambos dirigidos por aliados cercanos del señor Fox, mientras el dinero se asignaba a ayudar la agricultura y la educación.

Marcela Guerra, una vocera de la delegaciòn del PRI en el congreso, dijo que el partido no aceptó que un veto presidencial sería legal y que los cinco partidos opositores habían acordado continuar trabajando como un bloque sobre este tema. Dijo que sería posible llegar a algún compromiso, con la redistribución de los costos operativos de diferentes ministerios, pero que los cambios que introdujo el Congreso no son negociables.

Añadió que el presupuesto había requerido recortes irreales en los proyectos de inversión en infraestructura, incluyendo carreteras y mejoras en el abastecimiento de agua potable. “Queríamos privilegiar la inversión en los costos operativos del gobierno, como uan forma de estimular el empleo”, expresó.

El Congreso tendrá ahora una semana para estudiar las observaciones del presidente, y se espera una nueva votación el martes.

La incertidumbre generada por la controversia ha alarmado al consejo de coordinación de empresas de México, su principal órgano de patronos, que hizo un llamado a favor de “un último esfuerzo” por llegar a un compromiso.

Un sondeo del Grupo Reforma de medios, indicó que el presidente está delante en la batalla de relaciones públicas, con 48% que dice que el Congreso debería aceptar sus cambios. Solo 24% dijo que él debería aceptar el presupuesto sin modificaciones.

TRADUCCION: IVAN PEREZ CARRION