POR RICHARD MCGREGOR
Un frío helado descendió sobre los esfuerzos de privatización, después del anuncio de Pekín el mes pasado de prohibir la compra de la administración (MBO) de grandes compañías de propiedad estatal.

La declaración de la Comisión de Administración de Supervisión de Activos (CASA) estatal, responsable de las compañías de propiedad centralizada, siguió a una campaña mediática de alto alcance que decía que los activos estaban siendo comprados por los gerentes muy barato, en circunstancias que sugieren corrupción.

La fuerza de la campaña sorprendió a las autoridades que respondieron, como suelen hacerlo en China, con un problema: cerraron totalmente el proceso.

Pero la prohibición sobre las llamadas compras de administración es solo una estación en la vía hacia nuevas ventas de activos del gobierno, dicen analistas radicados en Pekín, quienes sostienen que el proceso es inevitable.

“Hacer compras de administración es casi imposible por el momento debido a la nueva política, pero realmente no tenemos opción”, dijo Mao Yishi, de Unirule Institute, en Pekín.

Durante mucho tiempo la privatización ha sido la reforma económica cuyo nombre no se atreven a decir en China. La palabra está extensamente prohibida en la prensa local porque es sumamente incorrecta, ideológicamente, en un país nominalmente dominado por los comunistas.

Al contrario, el gobierno se refiere a las compras de administración (aunque a los trabajadores, en ocasiones, se le han asignado acciones), o al crecimiento del “sector no-gubernamental”.

Desde hace tiempo china viene enorgulleciéndose de manejar la transición del marxismo al mercado, mejor que la ex Unión Soviética, donde muchos valiosos activos estatales fueron adquiridos muy baratos por los denominados “oligarcas” en los primeros años de la década de 1990.

El negocio jamás mencionado de China ha sido una acumulación de deudas impagables en el sistema bancario, a donde se ha acudido para aprovechar un goteo estable de préstamos con el fin de mantener con vida muchas compañías estatales no rentables..

Pero a pesar de su aversión a la palabra “privatización”, las autoridades la han estado permitiendo desde hace tiempo en la práctica, bajo una política de gradación que se resume como “No sueltes las grandes; deja ir a las pequeñas”.

El expresivo aforismo refleja la política del gobierno de mantener en manos del gobierno las grandes compañías estatales consideradas estratégicas, como el petróleo y las telecomunicaciones, pero permitiendo que se vendan las más pequeñas, que resultan un drenaje paras los recursos locales.

Hasta ahora, el proceso ha tenido algún éxito.

De los tres millones de compañías privadas registradas en China, 550,000, o casi el 20% fueron inicialmente propiedad del Estado, dice un estudio de febrero.

La industria textil, alguna vez  casi por completo bajo el control del gobierno, ahora está dominada por empresas de propiedad y administración privada.

Pero definir qué compañías son grandes y estratégicas, y cuáles se deben retener, y cuáles son pequeñas y dispensables, y que por tanto, pueden ser vendidas, no ha sido muy fácil.

En Pekín, CASA tiene bajo su control 178 empresas que solo pueden vender participación minoritaria a inversionistas privados.

Pero bajo la presión de la campaña anti-MBO, recientemente, CASA ordenó a sus oficinas satélites en Pekín que declararan que muchas compañías fuera del grupo de las 178 también eran de propiedad estatal.

En el punto más alto del debate MBO el año pasado, la oficina de CASA en la ciudad costera de Quingdao decidió inesperadamente que Haier, el fabricante de electrodomésticos y una de las marcas chinas más conocidas, era de propiedad estatal.

Al igual que muchas otras compañías chinas que están tratando de expandirse globalmente con capital inicial del Estado, pero ha sido administrada empresarialmente durante casi dos décadas. En el proceso, el control del gobierno ha estado disminuyendo.

“Es muy difícil definir que derechos tiene cada quién”, dijo Zhou Qiren, de la Escuela de Administración de la Universidad de Pekín. “En la mayoría de los casos, no hay documento que detalle los `derechos de control¨ de una compañía”.

TCL, un fabricante de equipos electrónicos trató de abordar este tema con la firma de un acuerdo con la ciudad que la alberga y su inversionista inicial, Hoichou, en el sur de China, a finales de los años 90, que le permitía a sus ejecutivos obtener acciones, si alcanzaban las metas de rentabilidad.

De acuerdo con una declaración de la Bolsa de Hong Kong, los altos ejecutivos de TCL habían incrementado su participación en la compañía matriz a 24.24% en 2004, mientras que las acciones en manos del gobierno de la ciudad se habían diluido a 25.22%.

Y mientras el señor Zhou está de acuerdo en que algunas de las compañías estatales MBO han sido víctimas de corrupción, los empresarios que han administrado compañías como TCL y Haier se han ganando el derecho a mayor participación en sus empresas.

“Han hecho muchas contribuciones a estas compañías y nunca las cobraron”, dijo. “China tiene muy pocas personas que sepan cómo tomar decisiones y administrar personal en una economía de mercado”.

Sin embargo, también China tiene pocas agencias reguladoras con experiencia para rastrear si los administradores están pagando un precio justo por sus acciones; o un sistema comercial legal en funcionamiento para resolver disputas sobre propiedad.

Esto ha hecho a muchos ejecutivos que calladamente asumieron el control de las compañías Blancos fáciles en los medios populares contra los MBO.

 “El resultado final del debate MBO en la actualidad es que toda la privatización ha estado salpicada con la brocha de la corrupción, dijo Stephen Green, un economista de Standard Chartered, en Shanghai. “Y esta no es una conclusión correcta”.

VERSION AL ESPAÑOL DE IVAN PEREZ CARRION