POR ANDY WEBB-VIDAL
CARACAS.- Desde el embarcadero de San Juan de las Galdonas, una aldea de pescadores en la costa oriental de Venezuela, Pedro Salcedo mira hacia el Caribe. El mar está apacible. Es un buen día para navegar.

La pesca, sin embargo, es solo un pasatiempo ocasional del señor Salcedo. Él hace más dinero transportando drogas a las islas más distantes del Caribe, por un par de miles de dólares por viaje.

«Viajamos a Trinidad, Granada y ahora vamos hasta Puerto Rico», dice. Estados Unidos está casi a 900 kilómetros, dos días en una lancha pequeña.

El señor Salcedo y otros como él solían evitar a los soldados de la Guardia Nacional de Venezuela, el órgano encargado de combatir el tráfico de drogas en el país, a través del cual pasa hasta un tercio de la cocaína que entra de contrabando desde Colombia. Pero cada vez con más frecuencia, dicen los funcionarios de EEUU, los pescadores están compitiendo con la Guardia Nacional, algunos de cuyos elementos delincuentes participan en el narcotráfico.

Esta puede ser una razón de por qué EEUU, el mayor consumidor de cocaína del mundo, pudiera eliminar a Venezuela de su lista anual de países «certificados» porque colaboran adecuadamente en la guerra contra las drogas. Se esperaba que el Departamento de Estado anunciara ayer su relación, y algunos funcionarios norteamericanos decían que Venezuela sería excluida de los gobiernos certificados y quedaría expuesta a sanciones.

La controversia sobre las drogas se añadió recientemente a la lista de factores que se han convertido en una fuente nueva de tensiones diplomáticas entre Caracas y Washington. El mes pasado, Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, suspendió un acuerdo de colaboración con la Administración de Combate a las Drogas (DEA) de EEUU , alegando que sus funcionarios estaban «espiando».

Días más tarde, surgió que EEUU había revocado los visados de varios oficiales de la Guardia nacional por supuesta complicidad en casos de drogas. Sin embargo, los funcionarios venezolanos dicen que están logrando resultados cada vez mejores en la guerra a las drogas, y que una decisión para quitar la certificación a Venezuela sería una medida «política».

El martes, Jesse Chacón, el ministro de Interior, dijo que las autoridades habían confiscado 18.7 toneladas de cocaína en los primeros ocho meses de este año, casi tanto como las 19.4 toneladas confiscadas en 2004.

John Walsh, analista principal de la Oficina de Washington para América latina, un centro de análisis liberal, estuvo de acuerdo en que será difícil que una decisión de no certificar a Venezuela no se vea como una medida política. «En este contexto es difícil imaginar que si se excluye [a Venezuela] no se lea como algo más político que sustancial», dijo. «Si EEUU no vuelve a ser cuidadoso, le va a dar a Chávez más material para procesar».

Recientemente, el señor Chávez critica las políticas de Washington por «imperialistas», y alega que es «hipócrita» que el principal país consumidor de drogas del mundo «certifique» a otras naciones.

Esta semana, Venezuela ofreció un arreglo alternativo para permitir que la DEA continúe operando bajo un esquema más limitado [en Venezuela]. Un funcionario de la Embajada de EEUU dijo que el borrador del acuerdo está siendo «estudiado».

Los analistas han cuestionado la efectividad de la «lista negra» de las drogas. La pérdida de la certificación del gobierno del presidente Ernesto Samper en Colombia a mediados de los años 90 tuvo poco impacto duradero. Y en Venezuela, las sanciones que pudieran representar unos escasos US$500,000 preocuparían poco al señor Chávez, cuyo gobierno está mareado por una bonanza petrolera sin precedentes.

VERSION AL ESPAÑOL DE IVAN PEREZ CARRION