Hoy 
POR ANDY WEBB-VIDAL
CARACAS.- El presidente George W. Bush recibirá hoy a su homólogo colombiano Álvaro Uribe en su rancho cerca de Crawford, Texas, cementando así una relación que es ahora la más significativa de Washington en América Latina.
La reunión es importante para el señor Uribe, quien desea más ayuda militar y financiera para mejorar sus posibilidades de derrotar a la insurgencia de 41 años que se financia en gran medida con las exportaciones ilegales de droga de Colombia.
El Plan Colombia que ha inyectado más de US$3 millardos en ayuda militar y contra el narcotráfico a Colombia durante los últimos cinco años expira a finales de este año, y el señor Uribe desea que algo más la continúe.
La seguridad ha mejorado significativamente bajo el señor Uribe, pero Colombia todavía tiene que recorrer un largo camino antes de que pueda proclamar el fin de la campaña guerrillera más antigua de América Latina, encabezada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Se espera que el señor Bush escuche con simpatía al señor Uribe, a quien ve como el aliado principal en la región, principalmente debido al compromiso del líder colombiano de luchar contra el azote doble del narco-terrorismo.
Es una reunión muy importante para el presidente Uribe, y yo creo que va a ser recompensando por ser un aliado leal, dijo John Walsh, asociado principal de la Oficina de Washington para América Latina, un centro de análisis.
Las buenas noticias para el señor Uribe emergieron el martes, cuando el Departamento de Estado publicó una certificación d¡sobre derechos humanos para Colombia, que libera cerca de US$70 millones en ayuda que había sido demorada durante casi un año.
Parte de la ayuda de EEUU se ha retenido debido a preocupaciones de que el señor Uribe no estaba haciendo suficiente para combatir las violaciones y por los vínculos entre las fuerzas de seguridad y el ejército ilegal de unos 15,000 paramilitares.
Las preocupaciones por los derechos humanos han sido amplificadas después de la aprobación de una legislación que rige la desmovilización de los combatientes de cualquier grupo ilegal, ya sea las guerrillas de izquierda o los paramilitares de derecha. Los críticos de la llamada ley Paz y Justicia dicen que equivale a un perdón para los culpables de haber cometido atrocidades.
Los comandantes paramilitares hallados culpables de asesinatos masivos y torturas enfrentan una pena máxima de ocho años en prisión.
Human Rights Watch dijo en un informe la semana pasada que los esfuerzos del gobierno de Uribe de desmovilizar a los paramilitares estaba dejando intactas sus estructuras criminales.
El gobierno niega estas acusaciones, e insiste en que los 8,500 combatientes paramilitares que han entregado sus armas representan un paso significativo hacia la pacificación del país.
VERSION AL ESPAÑOL DE IVAN PEREZ CARRION
