HAL WEITZMAN
Una pintura decorada de Osama bin Laden decora la parte trasera de un autobús en la calle principal de El Alto, una ciudad de 700,000 personas que se asienta en una planicie sobre la capital de Bolivia, La Paz.

Cerca hay un mal dibujado retrato de Che Guevara. Entre ambos, las torres gemelas del Woreld Trade Center estallan por el impacto de un avión. .

La imagen refleja la profundidad del sentimiento anti-norteamericano, y por extensión, anti-multinacional y anti-globalizaciòn entre muchos bolivianos.

Evo Morales, el líder del oposicionista Movimiento al Socialismo (MAS), captó este sentir con un llamado al presidente Carlos Mesa a “ponerse del lado de los pobres, no de los yanquis; con el pueblo, no con el imperio; con los intereses nacionales, no con las multinacionales”.

Esa es una decisión que el señor Mesa abomina hacer. Instó al Congreso de Bolivia el martes a convocar unas elecciones presidenciales y legislativas en agosto, dos años antes del calendario, después de que crecientes protestas amenazaran de nuevo con demorar el avance de una ley de energía largamente esperada.

El fracaso de continuar con la ley, que fijará el nivel de impuestos a pagar por las compañías extranjeras de gas, ya ha provocado dos ofertas de renuncia del señor Mesa en igual número de semanas. El gas tiene una inmensa significación política en el país más pobre de América del Sur. Bolivia descansa sobre 1,500 millardos cúbicos de gas natural, la segunda mayor reserva de la región, pero nunca ha encontrado el consenso político para explotarla plenamente, en gran medida debido a un extendida desconfianza en el capitalismo internacional.

El rechazo a la exportación de gas a su rival histórico, Chile, provocó el derrocamiento de la administración anterior de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003.

Ahora, el bloqueo de caminos y las protestas callejeras, establecidas para obligar al gobierno a elevar las tarifas de los derechos a los inversionistas extranjeros en la industria del gas, pudieran costarle el cargo a otro.

El señor Mesa, quien ofreció su renuncia por primera vez la semana pasada, se quedó en el poder después de llegar a un arreglo con los líderes del Congreso, que intentaba acelerar la aprobación de la ley de energía, que había estado flotando en la cámara baja de diputados durante seis meses.

Sin embargo, MAS, el segundo partido mayoritario del Congreso, se negó a firmarlo. Por el contrario, el señor Morales forjó una alianza con militantes de izquierda e incrementó las manifestaciones populares.

En el centro de la disputa está la larga lucha de las comunidades indígenas pobres por lograr una mayor influencia sobre la política económica. Pero su enfoque actual es el nivel de las “regalías” que las compañías internacionales deberían pagar para explotar las reservas de gas bolivianas. Un referendo el año pasado autorizó al gobierno a incrementar los impuestos y derechos sobre la producción de hidrocarburos a 50%. Sin embargo, la administración del señor Mesa desea mantener los derechos sobre nuevos yacimientos de gas en 18% e introducir una escala gradual sobre la producción de 32%.

Mientras tanto, el MAS quiere incrementar los derechos a 50% en principio, y extenderlos retroactivamente a los contratos existentes. Teme que los bajos impuestos estimulen a las compañías internacionales a explotar la ricas reservas de gas, pero que dejen al país y a su pueblo más pobres.

El gobierno dice que un 50% en impuesto asustaría a los inversionistas y haría inviable el sector del gas. Una propuesta de compromiso, que se adoptó por la cámara baja el miércoles, pide derechos de 18% y un porcentaje plano de 32% gravado en los pozos.

Esta propuesta está siendo debatida por el Senado. Pero si los legisladores acuerdan adelantar las elecciones, los observadores temen que el proyecto de ley siga en el limbo. La industria de gas argumenta que las “regalías” de Bolivia ya están entre las más altas de América Latina, aunque Alejandra León, de Cambridge Energy Associates en Ciudad de México dice que los niveles actuales están cerca del promedio.

Oficialmente, los inversionistas extranjeros, como Petrobrás, Repsol, BP y British Gas, están evitando hacer comentarios hasta que vean los términos reales de alguna ley de energía. En privado, dicen que ven el impuesto en el pozo como un “impuesto oculto” que, en efecto, equivale a la propuesta del MAS.

No parece probable que ninguno de los grandes inversionistas se retire. Sin embargo, pudieran sentarse sobre los miles de millones de dólares que ya han invertido hasta que surjan condiciones más favorables.

La incertidumbre sobre las reglas del juego, hasta ahora, han detenido los US$4,4 millardos en inversiones que Bolivia estimaba necesario para comercializar sus riquezas de gas.

La inversión en el sector de energía ha caído de US$605 millones en 1998 a US$190 millones el año pasado. Un proyecto conjunto por US$1,5 millardos entre la compañía estatal boliviana YPFB y Shengli International -una subsidiaria de Sinopec, la compañía de energía estatal china- está detenido desde septiembre.

Si Bolivia puede atraer las inversiones que necesita, depende de su capacidad para contener, o co-optar, lo que las compañías multinacionales ven como impulsos hostiles y confiscatorios. Como dijera una persona informada: “Están tratando de matar la gansa antes de que ponga los huevos de oro”.

VERSION AL ESPAÑOL DE IVAN PEREZ CARRION