Ha sido una semana excepcional para los restos antiguos. Un esqueleto debajo de un estacionamiento de vehículos fue confirmado como el de Richard III y el Departamento de Justicia de Estados Unidos exhumó los e-mails de Standard & Poor’s de hace aproximadamente una década. Pero tampoco fue un espectáculo agradable.

Es extraño que se recuerde la manía dentro de S&P y de otras agencias de clasificación crediticia a mediados de la década de  2000 cuando las agencias competían por satisfacer la demanda de los bancos para tasar los valores complejos.Pero eso fue en otro país, y, además, las obligaciones de deuda colateralizadas están muertas.

En estos días, los bancos están  renuentes a otorgar préstamos a los clientes principales, por no hablar de los demás.

Desde entonces, hemos tenido un conjunto de nuevas leyes que han sido diseñadas para hacer que las agencias de clasificación crediticia aumenten sus estándares y desalienten a los inversionistas de tomarlas demasiado en serio. ¿Realmente necesitamos desenterrar la oscura ley de ahorros y la crisis de préstamos de los 80 para cobrar a S&P dentro del estatuto de las limitaciones, en relación a una menor carga de pruebas?

Estoy tentado a decir que no, sigamos adelante, pero yo pienso que la respuesta es sí. S&P podría ser absuelta, esta niega el cargo y la evidencia  no es concluyente. Pero está claro cuán gravemente entraron en conflicto las agencias de clasificación crediticia que estuvieron en el boom inmobiliario, y cuán débil fue el incentivo para comportarse correctamente. El peligro legal puede llenar el vacío, aunque con retraso.

Las agencias de clasificación crediticia hasta hace poco habían enfrentado poco peligro, sin importar lo mal que hacían su trabajo, dado que ellas persuadían a las cortes de que sus clasificaciones no eran más que opiniones, y de ese modo se protegían por las leyes de libertad de expresión. No es coincidencia que S&P haya elegido como su abogado principal a Floyd Abrams, un abogado constitucional veterano que se especializa en la protección de la primera enmienda.

El argumento fue que, dado que las agencias no tenían contrato o deber fiduciario con los inversionistas de bonos, ellas pueden publicar más o menos cualquier opinión sin ser responsables. Ellas pueden estar equivocadas; pueden estar engañadas; ellas pueden llamar a algo filete triple A, aunque el animal sea de alto riesgo. Un riesgo del usuario.

El problema en esto, por supuesto, es que las agencias no solo están analizando y clasificando los bonos por el bien de la autoexpresión y porque lo disfrutan. Los emisores de bonos les pagan por hacer eso. En el caso de los valores hipotecarios, S&P estaba recibiendo más de $750,000 por CDO sintético de los bancos que los produjeron en serie a alta velocidad.

La clasificación de bonos es un negocio y las clasificaciones de las agencias son opiniones que llevan peso comercial y son citadas por los bancos centrales. “¿Por qué ellos obtienen una carta blanca mientras que si usted va y compra un auto y el vendedor certifica que es nuevo, él es responsable? ¿Por qué habría alguna diferencia?”, dice James Cox, profesor de leyes de la Universidad de Duke.

Para ser justos con S&P y las otras agencias, sus clasificaciones han rendido muy bien. De los valores de EEUU respaldados por activos clasificados triple A por S&P desde el 1983 hasta 2011, un 93% sigue siendo estable, y solo un 0.1% fracasó. El desorden de la clasificación en el mercado de valores respaldados por hipotecas era inusual.

Pero ese fue un desorden muy grande. Moody’s y S&P fallaron en anticipar la seriedad del colapso inmobiliario, o en reconocer la pobre calidad de los préstamos de alto riesgo empacados en los valores. Los analistas que creyeron que los modelos podrían ser actualizados para reflejar riesgos más altos fueron invalidados por los ejecutivos que no quisieron perder negocios con los bancos que compraron en torno a las clasificaciones.

El último caso contra S&P incluye muchos e-mails en los cuales los analistas se quejaban de que su trabajo era distorsionado o ignorado por el hecho de que este frenaría los ingresos.

Abrams dice que unos pocos fragmentos de los 20 millones de e-mails no dan una visión fiel de los hechos: “Ningún abogado habría escrito alguno de los documentos destinados a un cliente, pero ellos no equivalen a fraude o mal comportamiento. El Gobierno ha marchado por un camino insostenible”.

Debemos ver, pero S&P no ha mejorado su caso aumentando sus estándares a raíz de la crisis. Ahora rota a los analistas asignados a cada emisor de bonos y ha alterado sus modelos de riesgos para hacerlos más rigurosos. Si todo estaba hecho por el libro, ¿por qué cambiar?

Los jueces ya están restringiendo la defensa de libertad de expresión. En noviembre un juez australiano describió la clasificación de S&P de dos derivados de crédito como “engañosa y falaz” porque la agencia no había actuado con el debido cuidado. En otro caso de EEUU, un juez dictó que las clasificaciones no eran solo opiniones “similares a la opinión de que un tipo de cocina es preferible a otra”.

Los mercados financieros se benefician de las agencias de clasificación que son capaces de dar sus opiniones informadas del crédito de los emisores sin el riesgo de ser demandados si algo ocurre mal en el futuro. Con la condición de que ellas hagan su trabajo honesta y diligentemente, en la medida de sus capacidades, ellas deberían ser protegidas por la ley.

Pero la libertad de expresión no es defensa para el fraude y no debería ser una defensa si S&P u otra agencia deliberadamente baja sus estándares y modelos de riesgo para complacer a los emisores y obtener ingresos. Los inversionistas solo pueden esperar mucho de las clasificaciones, pero también ellos tienen el derecho de demandar integridad.

A pesar de sus problemas, las grandes agencias no han perdido su antiguo poder en el mercado de clasificaciones. S&P, Fitch y Moody’s, las principales agencias de clasificación crediticia en los años 2000, mantienen una cuota en el mercado de un 97%. Sus rivales, que son pagadas por los inversionistas de bonos antes que por los emisores, tales como Egan-Jones, siguen siendo peces pequeños.

Los emisores, por lo tanto, tienen una influencia tan poderosa como antes, una influencia evidente en el ejemplo de DoJ. Sin cierto riesgo legal para las agencias eso pierde sus estándares, siempre habrá el peligro de que las clasificaciones sean distorsionadas. Los clasificadores deberían tener cuidado. 

LAS CLAVES

1.  Cero responsabilidad

Las agencias no tenían contrato o deber fiduciario con los inversionistas de bonos, ellas pueden publicar más o menos cualquier opinión sin ser responsables.

2.  Sin analizar

El problema en esto, por supuesto, es que las agencias no solo están analizando y clasificando los bonos por el bien de la auto-expresión y porque lo disfrutan. Los emisores de bonos les pagan por hacer eso.

3.  Activos clasificados

De los valores de EEUU respaldados por activos clasificados  triple A por S&P desde  1983 hasta 2011, un 93% sigue siendo estable, y solo un 0.1% fracasó.

4.  Opiniones

Los mercados financieros se benefician de las agencias de clasificación que son capaces de dar sus opiniones informadas del crédito de los emisores sin el riesgo de ser demandados si algo ocurre mal en el futuro.