El financiamiento es una condición  indispensable para una reforma educativa. Las bajas asignaciones retrasan o discontinúan programas y proyectos innovadores, imposibilitan la imperiosa necesidad  de avanzar más cuantitativamente y dar el salto cualitativo.

Por Minerva Isa y Eladio Pichardo
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De buenas intenciones está hecho nuestro infierno educativo. Leyes, discursos, documentos, confieren al sistema de educación superior un apoyo financiero que no se concretiza, innovaciones sin trascender los textos, propósitos estériles, promesas incumplidas que le imprimen una modernidad de papel.

La educación no es prioridad del gobierno, tampoco de la sociedad, en la que perdió relevancia. Lo confirma la praxis, aunque la retórica oficial intente desdecir una realidad que no puede ocultarse: más de una veintena de universidades e institutos técnicos paupérrimos y la mayoría sin poder costear los requerimientos académicos del siglo XXI.

El sistema educativo superior, llamado a formar un capital humano de alta calificación, no le ha merecido al Estado  más que 0.15% del Producto Interno Bruto (PIB) en 1990, el 0.27 en 2002 y 0.36 en 2006, con un máximo de 0.50 para 1998, una proporción nocivamente ínfima, muy lejos de lo recomendado. Poco, y por demás, irracionalmente utilizado, menguado por las altas tasas de repitencia y deserción, consumido por los salarios y una distribución que favorece a los sectores de mayores ingresos, que no está asociada a la eficiencia.

Con esa pírrica asignación el gobierno viola la Ley 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, cuyo artículo 91 dispone que la inversión pública en el sector no deberá ser inferior al 5% del presupuesto nacional, destinados a la UASD y otras universidades estatales, así como a las subvenciones para las academias privadas.

Distamos mucho de los estándares internacionales. La  inversión por debajo del 1% del PIB nos sitúa como uno de los sistemas educativos superiores peor financiados de América Latina, registrando, paradójicamente, un decrecimiento relativo durante el auge económico de los años setenta y noventa del pasado siglo. El crecimiento actual tampoco repercute decisivamente, desviándose los dineros del fisco hacia obras menos prioritarias pero de mayor renta política, al clientelismo, a engrosar fortunas personales.

La economía nacional se expandió notablemente en los últimos cuatro decenios, lapso en que el Estado apenas otorgó a la instrucción superior poco más de la mitad que el resto de Latinoamérica. Frente a países con un desarrollo medio bajo, categoría de República Dominicana, la inversión estatal  no llega a la mitad de lo destinado por otras naciones con ingresos per cápita similares o inferiores a los nuestros.  Pero, además de irrisorias, las asignaciones presupuestarias son inestables, vulnerables, sometidas a caprichosas transferencias. Así, mientras en el mundo se incrementa el gasto por estudiante universitario, en el país disminuye en términos reales.

                                          La gran retranca

De buenas intenciones se colman las universidades y su organismo rector, la SEESCYT, esforzado en modernizar la educación superior, en ejecutar planes y proyectos que no se concretizan, o sólo parcialmente por las limitaciones económicas, pues para operar con eficacia requiere por lo menos cinco veces más que el presupuesto actual. Y es que en el país el apoyo financiero requerido por el sector se ha solventado en seminarios, conferencias y compromisos internacionales que no se traducen en un respaldo efectivo y real, convirtiéndose el financiamiento en la gran retranca, un gran obstáculo a la innovación curricular y capacitación profesoral, la inversión en infraestructura física y el soporte tecnológico. Un problema capital que amenaza con la completa descalificación y desaparición de instituciones educativas de menores ingresos, entre las que se han producido transacciones de venta o propuestas de compra de franquicias o de asociación. Por sus propios medios no pueden sobrevivir, menos aún elevar la calidad.

Una educación superior de calidad tiene un alto costo, no menos de veinte veces mayor a la nuestra en Estados Unidos, socio principal del país, con cuyos profesionales y técnicos competirían los dominicanos, formados a razón de un gasto promedio anual por alumno inferior a US$1,000, cuando US$2,000 y US$3,000 se considera bajo para una formación de calidad en el nivel terciario.       La escala en el per cápita va  desde   US$400 al año en alumnos de las universidades privadas de menos costo hasta alrededor de US$3,030 en las de más altas tarifas, variando el valor de los créditos varía según la carrera.

Existen enormes disparidades internas, más aún frente al per cápita en países desarrollados. Por ejemplo, el gasto anual en  universidades europeas de alta calidad puede alcanzar US$40,000 ó US$45,000.

Por su especialización, el nivel terciario tiene mayor costo por alumno. Aunque en términos absolutos la asignación al sector es la más baja de todo el sistema educativo, el per cápita por estudiante del tercer nivel ha sido 1.5 veces mayor o casi el doble de los niveles básico y medio. Esta relación es superada en otros países, siete veces más en Honduras, tres más en Panamá. Es una educación que demanda altas inversiones para enfrentar el deterioro, mantener la infraestructura, innovar y expandir los equipos y servicios tecnológicos, sumas millonarias que no posee la UASD ni las universidades privadas. Algunas reciben subvenciones estatales y asignaciones para becas a estudiantes meritorios, pero, además de poco significativa, ha sido inestable, discriminatoria. Favorecen a las de más influencia, las de mayor poder de negociación.

En la enseñanza básica y media predominan escuelas públicas sometidas a carencias financieras y colegios privados de mediano y alto costo, varios sobre los US$7,000 y US$10,000 anuales, alguno capaz de  competir con norteamericanos o europeos. Pero en educación superior ninguna institución, pública ni privada, puede equipararse a las de esos países.

Los aportes de la familia y el estudiante son insuficientes. Sumados a la inversión estatal, la proporción del PIB apenas llega a 0.9%, ínfimo para una docencia de calidad. Rectores arguyen que sus tarifas resultan inferiores a las de colegios de clase media alta, y tienen que hacer grandes inversiones en la planta física y laboratorios que requieren renovación continua. Admiten que la remuneración al profesorado es baja, pero también que no cobran al estudiante lo que deberían, mientras, el alumnado se queja del continuo incremento en los créditos. Están en el límite de su capacidad y, por la creciente demanda, una buena parte no logra acceder al financiamiento de la Fundación Dominicana de Crédito Educativo (FUNDAPEC).

El financiamiento es crucial, un cuello de botella, un círculo vicioso que hay que convertir en virtuoso. La universidad estatal tiene ingentes necesidades, mientras las pequeñas privadas difícilmente sobrevivan en el nuevo escenario educativo que se avecina. ¿Cómo van a financiar profesores competentes, bibliotecas, equipos tecnológicos que ameritan con urgencia?

Poco se invierte, sobre todo en relación con universidades desarrolladas de Estados Unidos y Europa, donde las empresas les asignan recursos, otorgan becas, les financian áreas de su interés, investigaciones que necesitan, conscientes de que disponen de infraestructura y talento, de que esos fondos los recobran con creces en inventos que logran patentizar.

Si se quiere elevar la calidad y consolidar el sistema de educación superior, hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento, mecanismos alternativos, establecer alianzas estratégicas con el sector productivo.

Sea en esa u otras modalidades, el Estado tiene que ayudar a que la calidad de la educación mejore, es su rol. Hay universidades menesterosas que deben ser rescatadas. Si se clausura una universidad, podemos abrir una cárcel, recuerdan educadores, y recomiendan que como a un enfermo de cáncer a esas instituciones se les aplique el tratamiento antes de que hagan metástasis.

Salvo casos de extrema precariedad académica, se debe evitar el cierre, elevar el monto estatal asignado, distribuirlos con sentido de justicia y equidad. La desigualdad y discriminación existentes obliga a un cambio en la política de asignación de fondos estatales, en los indicadores utilizados para subvencionar a las universidades. Las pequeñas que no han tenido ayuda estatal, no pueden competir con academias mejor dotadas, favorecidas directa e indirectamente con ayuda estatal.

El Estado debe intervenir en el rescate de las universidades. No mediante dádivas, donaciones o favores con factura política. Existen múltiples formas de hacerlo. Apelar a préstamos blandos, exigiendo en respuesta una buena calidad, ofertar más becas para estudiantes pobres meritorios,  incentivos para la investigación, ciencia y tecnología.

Los fondos deben ser utilizados racional y eficientemente tanto en las instituciones de educación superior como en  la SEESCYT, priorizar su uso, evitar el dispendio, los nombramientos innecesarios, el clientelismo, ¿para que designar en un distrito escolar pequeño hasta cuarenta técnicos que no visitan las aulas? Se mantiene una infraestructura muy costosa, gastos no justificados, “botellas” a montones. Hay que invertir más en lo sustantivo, saldar la deuda histórica que con los educadores tiene la sociedad, evitar la malversación de fondos públicos y las acciones ilícitas de universidades privadas que, escudadas en la educación, se han lucrado.

Persisten vicios que deben erradicarse. Los gobiernos compran conciencias creando mecanismos de apoyo, donan edificios y terrenos estatales que no se pueden vender ni transferir, pero crean una fundación, se valen de subterfugios para hacerlo. Unas nueve academias están en esa situación.

Hay falta de transparencia, corrupción. La SEESCYT elaboró nuevos indicadores que aplicarán en las evaluaciones para la asignación presupuestaria. Establecer qué es costo y qué es gasto, qué es ingreso y qué no lo es, pues se incluyen gastos personales, desde productos de consumo casero hasta los viajes a Miami o a Europa.

Las exoneraciones aduanales a las universidades se han utilizado para hacer cuantiosas importaciones extra universitarias, tan desmedidas que hubo que aplicar restricciones. Maquinarias para una imprenta particular o equipos destinados a una finca de ganado se declaraban propiedad del centro docente, diversas operaciones ilícitas practicadas en todos los gobiernos, que en el actual se repiten. Dueños y/o rectores establecieron negocios colaterales rentables en diferentes ramas, disfrazados como actividades conexas a la universidad para evadir impuestos, hasta siete empresas de una sola academia.

De universidades masificadas salieron procesadoras de gas, hoteles, agencias de vehículos, fincas, granjas, a las que desviaron las reinversiones que debían hacer en el área educativa, perjudicando la calidad. No eran empresas vinculadas a las carreras que sirvieran de laboratorio a los estudiantes, son negocios simulados a la profesionalización que enriquecen el patrimonio particular.

No hay supervisión sistemática. Todos los gobiernos se han hecho de la vista gorda, no ignoran el desvío de las reinversiones en las universidades, para lo que no hay argumentos válidos en educación, donde existen límites, un compromiso, una responsabilidad. Aún en la provista por el sector privado constituye un servicio público, no una mercancía, aunque con la globalización se está mercantilizando todo.

                                         Desacato estatal

Como en la enseñanza básica, nivel en que los gobiernos incumplen sistemática e impunemente la ley de asignación de fondos, el desacato se repite año tras año con la UASD, donde el Estado se ha limitado a cubrir precariamente los costos operativos, salvo los dos últimos gobiernos que han invertido en edificaciones. Pero las deficiencias asociadas al bajo financiamiento persisten al no recibir la proporción estipulada en la Ley 139-01, que de haberse aplicado le habría reportado RD$6,950 millones en 2006, en vez de los RD$2,004 millones asignados. El per cápita es de RD$12,600, equivalentes a  US$382. Con el co-pago estudiantil y otros ingresos por  servicios académicos, el gasto promedio por alumno se estima para los últimos años en alrededor de US$600.

Esa legislación dispuso un reglamento para el financiamiento de la educación superior, mecanismos para la creación de una serie de fondos que, excepto en investigación, donde se otorgaron modestos recursos, se quedaron en el papel desde su promulgación en 2001, creando la SEESCYT, que opera con sumas pírricas. Su primera asignación ese año fue RD$1,129.2 millones, el 93% como aporte a la UASD y otras instituciones, y el 7% restante para sus funciones de control y supervisión.

En 2003 el monto ejecutado del presupuesto de la SEESCYT sólo alcanzó RD$93.1 millones, en 2004 subió a  RD$2,774.5 millones; en 2005 totalizó RD$2,270.6, y en 2006 un monto de  RD$2,774.

Una muestra de la desatención del Estado es que para 2006 esa secretaría trazó su agenda de trabajo con requerimientos de RD$4,400 millones para financiar programas y proyectos orientados a elevar la formación de recursos humanos, la enseñanza de inglés, fomento a la investigación y la tecnología, becas, politécnicos y   “community colleges”. Casi nada logró hacer. ¿Cómo podía si apenas contó con poco más de RD$400 millones, destinados en alta proporción a sueldos y otros gastos personales?  Su asignación fue drásticamente podada, reducida a RD$2,710.6 millones, de los que tenía que deducir RD$1,900 millones para la UASD, sobre los RD$200 millones de subvenciones a universidades privadas y RD$100 millones para el IIBI. 

Su presupuesto para el presente año es de RD$3,902.7 millones, monto muy inferior a sus necesidades.

Financiamiento 1992-2005

 En 1992, el gasto per cápita de educación superior fue de RD$3,662.0 contra RD$2,449.0 en primaria y secundaria.

  El ingreso estimado por financiamiento privado arrojó ese año RD$2,425.8 millones, sin el aporte estatal de RD$1,182.0 millones, que eleva el gasto total a 0.9% del PIB, contra el 0.29% del gasto público. No  incluye otros derechos cobrados a nivel de grado, ni los postgrados con universidades extranjeras.

 En 1996-2005, el gasto en el sector subió de 21 a 25% dentro del total invertido en todo el sistema educativo, RD$35,700 millones en 2005.

 Los derechos de escolaridad pagados por las familias ascendieron en 2005 a RD$5,000 millones en las universidades privadas.

(Fuentes: Financiamiento de la educación superior en RD. 2003 / Componentes de costos y financiación de la educación. 2007)